El legado toxico de la fiebre del oro

Secreto a voces. Desde 1993, Ecuador ha sospechado que la franja minera del sur, que comprende las poblaciones de Portovelo, Zaruma, Piñas (El Oro) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay), donde habitan casi 80.000 personas, tiene aguas contaminadas.

Pero un total de 17 estudios e informes actualizados (a los cuales tuvo acceso esta publicación) han convertido esas presunciones en una certeza tangible: a estas alturas el agua, el aire, la tierra, ciertos productos agrícolas, los animales y muchos de los habitantes de la zona presentan intoxicación mercurial o de otro tipo de metales pesados altamente nocivos. O incluso mortales.

Una investigación de Diario EXPRESO pudo constatar los crecientes e indetenibles efectos sociales, ambientales y de salud que enfrentan los habitantes de la zona minera del sur, pese a los esfuerzos gubernamentales para regular a una industria aferrada, desde la informalidad, a prácticas nocivas.

Los intentos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) de bajar la ‘temperatura’ de la fiebre del oro han empujado a los pequeños mineros al mercado negro para obtener explosivos, cianuro y mercurio; todos básicos para la actividad. Sobre el tema, el Ministerio de Minas no comentó para este reportaje, debido a la “agenda apretada” de su vocero. Sin embargo, antes del cierre de esta edición, envió un reporte escrito donde asegura que “desde 2011 se ha trabajado en la disminución y posterior eliminación del uso del mercurio”.

La minería es un proceso complejo y riesgoso que puede dividirse en dos: la explotación, para la cual se requiere pico y pala, pero también dinamita; y el procesamiento, donde entran en juego el mercurio y el cianuro, ambos tóxicos y estrictamente regulados por el Estado, desde que en 2013 se incluyeran dentro de la lista de sustancias peligrosas.

Esta mezcla venenosa, utilizada para envolver al oro y separarlo de las piedras y sedimentos a los cuales está adherido, termina por ser quemada y liberada al aire. Los demás desechos, también contaminados, son enviados en camiones que circulan con descuido por zonas pobladas hasta un depósito gubernamental denominado Relavera. Pero esto no sucede del todo.

Media decena de fuentes consultadas por este Diario, quienes pidieron la omisión de sus nombres por tratarse de dueños de plantas de beneficio y labores mineras, reconocieron que “solo se envía una parte. El resto se echa al río”.

Así ha sido siempre. Lo que no queda en el aire, termina en las vertientes de los ríos Calera y Amarillo como una mancha dorada y tóxica.

El mercurio, cuyo uso quedó prohibido por la Ley de Minería en 2013, es un metal pesado y mortal que no solo degrada el ambiente, sino que genera complicaciones directas en la salud: desde simples dolores de cabeza, dermatitis e impotencia sexual hasta irreversibles daños cerebrales y malformaciones. En mujeres embarazadas también puede provocar abortos. El Ministerio del Ambiente, que no respondió a las preguntas de este artículo, ha reconocido en informes que existen “escasos estudios en la zona” sobre la afectación en los seres humanos. Por su parte, en septiembre Salud informó a la Asamblea Nacional que recién está trabajando en levantar información concreta.

Pese a la inexistencia de información oficial concluyente y a que solo cuatro personas fueron hospitalizadas en 2015 por intoxicación mercurial, los reportes independientes se muestran preocupados.

El Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Canadá halló, en 2007, niveles inesperados de plomo (un tóxico para el cual no existe ningún nivel seguro de exposición) en la sangre de ciudadanos de la zona minera sur, aun cuando muchos se encontraban a kilómetros de las áreas de explotación. La presencia del metal en su torrente sanguíneo era 17 veces mayor a la que registran los ríos.

A diferencia del mercurio, que actúa a largo plazo, el cianuro es un tóxico inmediato. La combinación de ambos es una fórmula distintiva del Ecuador, según Kevin Telmer, presidente del internacional Consejo de Minería Artesanal, con sede en Canadá, quien calificó al proceso minero nacional como “uno de los más agresivos del planeta. Básicamente sus ríos están muertos, porque es una combinación mortal”, dijo en entrevista con este medio.

El mercurio es un problema en muchos países, pero en Ecuador tiene dimensiones alarmantes. Mercury Wacht, un programa avalado por Naciones Unidas que monitorea las emisiones de mercurio en el mundo, colocó a Ecuador en el vergonzoso cuarto lugar en el ranking del 2013. La organización, que compartió sus cifras para este reportaje, calcula que más de 50 toneladas de mercurio terminan vertidas en el ambiente por la minería irresponsable. Es decir, una cantidad de metal venenoso similar a la necesaria para llenar la bodega de un avión militar Hércules encuentra como destino final, cada año, los ríos de la zona minera del sur.

De estos efectos hay pruebas cada vez más irrefutables. Desde que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) encendiera las alarmas sobre la sutil “probabilidad” de ríos contaminados, han pasado 23 años y casi igual número de estudios. Según media docena de autores de estas investigaciones, consultados por EXPRESO, las cosas no han hecho más que empeorar.

“La contaminación en Portovelo (y alrededores) no tiene comparación con lo que he visto en otras partes”, aseguró Brandon Nichols, que ha investigado los efectos de la minería en cuatro continentes para la canadiense British Columbia University. “Obtuvimos muestras de niveles escalofriantes en restaurantes y escuelas infantiles. Yo mismo sufrí tres veces intoxicación mercurial durante mi viaje” en 2013, el año en el que pasó la reforma a la Ley Minera.

En la última década, la mancha dorada no ha hecho más que extenderse. La contaminación ha extinguido la vida acuática en los ríos Calera y Amarillo y ha vuelto nocivos para el ser humano 160 kilómetros de la cuenca Puyango, según los datos de la British Columbia. Estas aguas han trasladado los tóxicos hasta el río Tumbes de Perú, donde informes de ese gobierno, emitidos en 2004, 2006 y 2014, han alertado sobre contaminación importada desde Ecuador y presente ahora en siete de sus departamentos.

En la zona minera ecuatoriana, poco queda a salvo. La Universidad Salesiana halló sustancias tóxicas en el 38 % de las aves. El suelo y plantaciones agrícolas de cacao y banano registran presencia de metales pesados, según reportes de la Espol. Los ríos donde se descargan los tóxicos terminan, cuenca abajo, contaminando con metilmercurio (una forma aún más letal del mercurio) a peces y mariscos, de acuerdo con un estudio publicado en 2014 por la Revista Médica de Chile. También las vacas y el 100 % de las muestras de leche examinadas por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador han registrado niveles tóxicos por encima de la norma internacional.

El escenario resulta tan innegable, que incluso el gobierno citó en informes oficiales de 2014 la “intoxicación mercurial” presente en hasta un 56 % de los pobladores de la zona.

El doctor Óscar Betancourt, presidente de la Fundación Salud, Ambiente y Desarrollo (Funsad) y autor de la más trascendental investigación sobre el trágico impacto de la minería en la salud de la zona sur del país, considera “alarmantes” los resultados que obtuvo tras una década de estudios: niños con capacidades de aprendizaje reducidas a la mitad del promedio, jóvenes con problemas de crecimiento y plomo (en lugar de calcio) en los huesos, adultos con altas probabilidades de colapso neurológico. “Al respirar el mercurio, pasa a la sangre y se distribuye sobre todo el sistema nervioso”, advierte Betancourt sobre el metal, que resulta dos veces más tóxico cuando está en el aire que cuando se palpa con las manos sin guantes. El mercurio, que se evapora con facilidad a 24 grados centígrados, se enfrenta en la zona a temperaturas de hasta 30 grados centígrados. Por eso se encuentra en el ambiente.

La pregunta inmediata resulta obvia: ¿se queda allí? ¿Qué evita que la leche de vaca, los peces, el agua y los productos agrícolas contaminados lleguen a otras ciudades y provincias y terminen en platos sobre nuestra mesa? Responderla resulta difícil. El Ministerio de Salud no respondió a este Diario sobre los controles específicos que efectúa al respecto.

La cautela gubernamental en sus pronunciamientos, sin embargo, no significa indiferencia. Desde el inicio, cuando impulsaron el mandato minero y renovaron la obsoleta legislación al respecto, dieron muestras de un interés antes inusual. Y aunque sus planes de remediación se encuentran detenidos y los intentos por regular el uso del mercurio “aún tienen desafíos pendientes”, como aseguran los voceros de la Arcom, lo cierto es que la minería no es un debate ausente. Esta semana, por ejemplo, la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional sostuvo nuevas discusiones para ratificar la adhesión del país al protocolo de Minamata, tratado clave que busca llevar a cero el uso del mercurio, una tarea a la que Ecuador se comprometió en 2013 y que tiene pendiente ejecutar a cabalidad.

En la zona minera del sur, sin embargo, donde esta actividad se remonta a los incas y la contaminación se vincula al auge tardío de los 90, las intenciones poco cuentan si la ley no se aplica para reducir el uso antitécnico de mercurio y cianuro. Desde 2007 a la fecha, los niveles de contaminación no han disminuido y están lejos de detenerse. De hecho un estudio científico, por publicarse el próximo año en México, valoró en febrero los nuevos índices de mercurio en la zona: todos se han multiplicado exponencialmente.

Hace nueve años la zona causaba alarma por sus 0,5 miligramos de mercurio por kilo de sedimento en los ríos, que superaban dos veces el límite internacional permitido. Pero en 2015, ese índice se catapultó casi seis veces hasta los 2,9 miligramos de mercurio, según el documento aún sin publicar de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual tuvo acceso este Diario.

La remediación de la mancha dorada es, según los expertos, un proceso que podría demorar años y costar millones (muchos más que los $ 35 millones que dejó la actividad, entre enero y noviembre pasado, por regalías y utilidades). Y aunque ni siquiera la Secretaría Nacional del Agua, máxima autoridad en el tema, puede determinar sus alcances y detallar el porcentaje de aguas contaminadas en el país, lo cierto es que gran parte de los efectos son ya irreversibles.