La factura pasará ahora al Ministerio de Finanzas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene que registrar, otra vez, en su estado financiero la deuda que el Estado mantiene por 2.878 millones de dólares.

Lo dispuso la Contraloría, en un informe publicado ayer. Ese valor corresponde a la contribución estatal por prestaciones de salud, entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, por 2.527,8 millones de dólares (ver gráfico).

A ese valor, el IESS suma otros 351 millones, de las prestaciones hasta el 20 de junio pasado.

Por años, el cálculo de la deuda del Gobierno con el IESS se enredó en comisiones interinstitucionales y se justificó el incumplimiento del pago en la falta del reglamento de la Ley de Seguridad Social, emitida en 2001.

Finalmente, en septiembre de 2016, ese monto fue “dado de baja” por decisión de la directora general del IESS, Geovanna León. Entonces ella dispuso que “no se continúe contabilizando valores por obligaciones que no se encuentran determinadas”.

Esa decisión fue respaldada por el presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa. El pasado 29 de mayo, él incluso aseguró que el ajuste a los balances fue “una medida prudente, oportuna y que tiene como fin precautelar el patrimonio del Fondo de Salud, así como sincerar la razonabilidad de los Estados Financieros”, según consta en el informe de Contraloría.

El expresidente de la República, Rafael Correa, también está en el grupo de quienes apoyan ‘borrar’ la deuda del Estado con el IESS. “Que me muestren dónde está (el reglamento), la obligación de pago (deuda) no existe”, dijo el año pasado.

La falta de ese reglamento es la justificación principal del IESS. ¿De quién era la responsabilidad de su emisión? Del presidente de la República.

Incluso, Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IESS, le contó a la Contraloría que, entre 2014 y 2015, el Seguro elaboró un proyecto de reglamento y lo remitió al primer mandatario (Correa) para su aprobación. Cosa no se sucedió.

El vocal de los afiliados, Luis Clavijo Romero, dijo en mayo pasado, que no se emitió un nuevo reglamento “en vista de que aún no existe el pronunciamiento por parte de la Presidencia de la República”.

La Contraloría, sin embargo, no considera válido ese argumento. Según sus cuentas, la deuda del Estado por la atención médica a los jubilados, a jefas de hogar y a las personas con discapacidades -que corresponde a los valores reportados por las unidades médicas y prestadores externos- “no requerían de la existencia de un reglamento”.

La única salvedad era el monto por enfermedades catastróficas que sí necesita una definición sobre el porcentaje del aporte.

Por eso, la Contraloría llega a la única conclusión posible: que el IESS registre en los Estados Financieros el valor de la deuda a cobrar al Estado por prestaciones de salud.

El IESS ofreció acatar la decisión del organismo de control. “Si es que hay que volver a poner en los asientos contables lo haremos. Cumpliremos con lo que diga la Contraloría”, dijo León. En la tarde, Espinosa dijo que la próxima semana enviará una comunicación a Finanzas para determinar la forma de pago. IGF/RRG