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Los “topos correistas”

La reacción del Gobierno ante los últimos acontecimientos ha dejado incertidumbre en torno al manejo de la administración de justicia en el país.

Para construir el futuro es necesario aprender de los errores, por lo que identificar en público a quienes se tendría que procesar por tal o cual delito no es precisamente una señal alentadora para el Ejecutivo, cuyo silencio en casos judiciales debería ser la norma a seguir para evitar elucubraciones.

Si bien es cierto que la fuga del exsecretario de Comunicación del correato, Fernando Alvarado, desveló todas las falencias que existen en el sistema de vigilancia de personas requeridas por la justicia, también es pertinente insistir en la necesidad de respetar la independencia de cada función del Estado.

Las fallas en los grilletes electrónicos no es un asunto que le compete directamente a la administración de justicia, sino a las entidades encargadas de la vigilancia.

A tal punto llegó la desesperación gubernamental, que uno de sus voceros pidió la prohibición de salida del país para altos exfuncionarios de la administración anterior, lo que recordó los tiempos en los que las acciones legales se solicitaban desde las sabatinas.

Pero al igual que la mujer del César, que debe serlo y parecerlo, el Ejecutivo está en la obligación de responder por sus propios errores, es decir en determinar responsabilidades en la cadena de omisiones sobre el caso.

Nada tiene que hacer el régimen dando directrices en vivo y en directo sobre lo que la justicia debe hacer, porque eso sí deja más un sabor a intromisión política que a respeto por la legalidad. Por eso hay que evitar a toda costa exhortos innecesarios que puedan empañar el debido proceso en casos sensibles para el país.

Hay que entender que los “topos correístas” no solo existen en el aparato burocrático de la nación, sino también en las cabezas de algunos funcionarios que criticaron la metida de mano en la justicia, pero que parecerían actuar de la misma forma sin ningún disimulo.

Es imperativo impulsar una purga en todos los poderes, pero cada uno, y por separado, debe hacer lo posible para desterrar toda señal de corrupción en sus respectivas jurisdicciones.