“La politica todavia influye en la Justicia”

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“La politica todavia influye en la Justicia”

La oposición recela por la dificultad de saber datos de Odebrecht de Suiza. Fiscalía y el Instituto de Basilea tenían 7 obligaciones.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a Odebrecht con una multa de 2.600 millones de dólares, que se repartiría entre Brasil, Suiza y el mismo Estados Unidos. Con la información de Suiza se inició el caso y se llegó

El avance de la investigación en el caso Odebrecht no ha estado nunca exento de suspicacias. La opacidad del Gobierno anterior y la renovación del color verde flex en Carondelet han planeado constantemente en el ágora política ecuatoriana cuando se analizaba cada paso en la estrategia para encausar a las autoridades implicadas. La dificultad experimentada para acceder a la información de Suiza, que según reveló EXPRESO esta semana ha resultado nuclear a la hora de desenredar la trama de corrupción estructurada en otros países, ha alimentado las sospechas de la oposición.

Desde la Asamblea, voces que representan a todas las tiendas políticas adversarias del Gobierno han coincidido en cuestionar la forma en que se han perseguido los delitos de la constructora Odebrecht y de los funcionarios implicados en las irregularidades en la contratación.

No es la primera vez que la oposición pone en duda la actuación de las autoridades judiciales, pero sí es una ocasión más para ahondar en la brecha. Desde CREO, SUMA e Izquierda Democrática han coincidido en apuntar hacia la influencia de la política. Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, apunta más bien al desconocimiento de los tecnicismos que requiere la cooperación penal internacional, que al descuido o la mala intención.

En cambio, Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, es más recelosa: “No se ha cambiado nada de un Gobierno a otro. Se esperaría que hubiera más institucionalidad, pero no la hay. Siguen respondiendo a los mismos intereses”.

En la misma línea está Fabricio Villamar, de CREO: “Dudo de que sea un tema de desconocimiento la falta de prolijidad en la investigación, sino más bien la noción de proteger a los funcionarios de la anterior administración. Hasta el momento no existe un intento serio de recuperar valores”. Y Héctor Yépez recuerda que no es ningún secreto que el fiscal general “es un hombre de confianza del expresidente Rafael Correa”. De PAIS no se ha pronunciado nadie para EXPRESO, pese a la media decena de intentos con legisladores.

Ninguno de los consultados niega que con la llegada del fiscal general Carlos Baca Mancheno se haya avanzado en seis meses más que con su predecesor en el cargo, y más de lo que esperaban. Pero insisten en que las decisiones adoptadas están salpicadas de un cariz político. No comprenden y no comparten la elección del delito de asociación ilícita, que tiene una pena de hasta cinco años, para procesar al vicepresidente sin funciones Jorge Glas o al excontralor prófugo Carlos Pólit, entre otros.

Es la única explicación que dan para justificar que no se haya concretado un acuerdo, ya preaprobado en junio, con el Instituto suizo de Basilea, que desde su sede en Lima ha ayudado a Perú a recuperar hasta 100 millones de dólares desaparecidos durante el régimen de Alberto Fujimori. Un convenio, ya redactado en español, que tenía 10 páginas y una vigencia de dos años prorrogables, pero que cayó en el olvido con el cambio de administración.

Era una autopista rápida, sin peaje, para llegar con éxito a la cooperación penal de Suiza sorteando los tecnicismos legales que ya frenaron en una ocasión los pedidos de la autoridad ecuatoriana.

Reabrir esta vía no solo es posible, ya que el Instituto suizo de Basilea sigue interesado en colaborar con Ecuador, sino que además facilitaría la futura recuperación de los activos desviados fuera del territorio. Y sería una herramienta de ayuda al país para restituir el perjuicio al Estado, pese a la falta de normativa para perseguir en el extranjero las fortunas que los funcionarios hayan amasado ilícitamente.

En 2008, Alianza PAIS y la oposición frenaron en la Asamblea dos veces la aprobación de una ley de extinción del dominio que le daba al Estado el derecho de incautar dineros mal habidos.

Basel Institute

Estrategia

Brindar asesoría legal sobre la estrategia a adoptar, tras revisar la documentación recibida.

Recuperar

Identificar la ruta, conforme a las leyes de los países implicados, para la recuperación de activos.

Con suiza

Brindar asistencia para conseguir la cooperación legal mutua con Suiza y otras jurisdicciones.

Enlace

Servir de enlace con las autoridades suizas o de otros países para cumplir los objetivos del convenio.

Plan B

Explorar estrategias y alternativas para recuperar activos cuando las vías previstas resulten ineficaces.

Financiación

Buscar fuentes de financiamiento que asuman los gastos que implique la capacitación a la FGE.

Otros

Otros servicios que sean oportunamente acordados entre las partes, según el devenir del caso.

Fiscalía General

Normativa

Declarar que las obligaciones del convenio son compatibles con el ordenamiento jurídico de Ecuador.

Compromiso

Confirmar que adoptará las reglas relativas a la buena fe, confidencialidad, reserva y ética.

Testimonio

No habrá obligación para los expertos de Basel Institute de ir a juicio como expertos o testigos.

Información

Facilitar el acceso a los expertos del Basel a toda la información oral y escrita de los casos.

Documentación

Proveer copias de documentación relevante relacionada con casos en los que ayude el instituto.

Base jurídica

Instruir al instituto sobre el orden jurídico de Ecuador para que el Basel sirva de enlace con Suiza.

Coordinar

Garantizar que el Basel coordine directamente con la Fiscalía General la recuperación de activos.