La angustia se dibujaba en cada pliegue del ceño fruncido de Freddy Burgos. No entendía por qué, a las 10:00 de ayer, dos vehículos de la Policía, una camioneta de Bomberos, un bus del Ministerio de Salud Pública (MSP) y una camioneta de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) habían frenado a raya frente a su clínica de rehabilitación.

Ni el polvo se asentaba en la vía de tierra, en la quinta etapa de El Recreo de Durán, cuando el director abrió la puerta. “¿Me van a clausurar?”, preguntó nervioso dos veces desde que ingresó Yessenia Luna, la directora de Procesos Sancionatorios del Acess, quien lideraba este operativo de rutina.

Luego del incendio de enero pasado, en el que fallecieron 18 internos en una clínica clandestina en Guayaquil, los operativos están cargados del temor de una posible clausura.

Pero el de Burgos no es un centro clandestino. Su clínica ‘La Torre de Esperanza y Fortaleza’ consta dentro de las más de 60 clínicas, en la Zona 8, que reciben asesoría técnica del Acess, en su proceso para licenciar.

El director guía a los cuatro policías, un bombero, seis psicólogos y demás autoridades del MSP y del Acess por los tres pisos que tiene su establecimiento. Allí se rehabilitan 13 pacientes que a esa hora jugaban pelota, despreocupados, en el patio.

Les tomó menos de media hora revisar cuartos, consultorios, gimnasio, comedores. A la par, los psicólogos realizaban una evaluación a los internos. El nerviosismo de Burgos se le fue en cuanto lo felicitaron por el buen mantenimiento de su local y le hicieron unas cuantas observaciones para su mejoría.

“Si bien debe quitar rejas y mejorar algunos aspectos, tiene buen manejo de residuos y hay profesionales de la salud a cargo de los internos”, explicó Luna, pues estas son las dos únicas causas por las que proceden a la clausura parcial o total de los establecimientos.

Siete años le tomó a Burgos adecuar su local, contaba luego sonriente. Todos los internos dijeron estar allí por su cuenta y que confían en el tratamiento que allí les dan.

De enero hasta ayer, el Acess ha ejecutado 88 operativos en clínicas que ofertan servicios de rehabilitación de adicciones en la Zona 8. De estas, 52 han sido clausuradas de forma preventiva.

“No todos los operativos derivan en clausura”, mencionó la directora del Acess, mientras revisaba la segunda clínica. A pesar de que notó olores desagradables en algunas habitaciones, no era un motivo para el cierre.

Sin embargo, de los 11 pacientes que residen en ese centro ubicado en la segunda etapa de El Recreo, seis dijeron que fueron ingresados al lugar contra su voluntad.

Jonathan tiene 20 años. Lleva tres días en ese centro de rehabilitación y durante todo el operativo estuvo agachado, con las manos sobre su estómago. “A mí me fueron a agarrar, obligado, y no he podido ni comer”, decía el joven de piel morena y pegada a los huesos.

Ellos fueron embarcados en el bus del MSP y llevados a un centro de salud para direccionarlos a uno de los centros de rehabilitación públicos que hay en la Zona 8. Como ya lo publicó EXPRESO, ni siquiera estos centros tienen licencia, pero según el Acess funcionan de acuerdo con los estándares establecidos.

El operativo terminó en la avenida Principal de la ciudad. Esa clínica tampoco fue clausurada, pero Julio César Macías, su propietario, se quedó con la obligación de mejorar su plan terapéutico.

“La obligación es que brinden un servicio de calidad y, si no pueden darlo, que se dediquen a otra cosa”, les repetía Luna, que anunció que las inspecciones continuarán.