“Ni medios ni funcionarios pueden declarar culpable o inocente a nadie”

El presidente del Consejo de la Judicatura recibió a EXPRESO en el piso 14 del moderno edificio que ocupa la institución, en el norte de Quito. No rehúye los temas críticos, ni pierde la sonrisa. Recita cifras y casos sin necesidad de apuntes. Él está convencido del cambio de la justicia.

¿Están listos para asumir la oralidad en materia civil?

Estamos preparados. Hemos avanzado en el número de jueces, en la infraestructura y en capacitación. El cambio real es que estos recursos van a utilizarse en un sistema procesal liberado de trámites.

¿Los jueces están capacitados para dictar sentencia en la misma audiencia?

Además de tener más conocimientos, ellos necesitan las habilidades en el manejo de la audiencia. Una cosa es litigar de manera escrita y otra de forma oral. Desde el año pasado hemos hecho talleres en los que hay una parte conceptual, teórica, de conocimiento del Código; pero también en el desarrollo de habilidades prácticas.

¿Cuáles, por ejemplo?

Manejo y liderazgo de audiencias, ponderar a quien dar la palabra -no tanto en función del tiempo, sino de lo que está diciendo- habilidades para preparar la audiencia, razonamiento judicial.

¿No es que el juez va a resolver sin conocer el caso?

Tendrá todos los elementos para ir a la audiencia. Ahora, yendo rápido, un juicio dura hasta dos años porque está lleno de trampas. El juez tendrá la demanda, la contestación a la demanda, las pruebas, preparará el caso, llevará fichas. En la primera audiencia determinará los aspectos a litigar, pruebas, testigos...

Idealmente, ¿cuánto debería durar un juicio con el nuevo sistema de oralidad?

En promedio deben terminar en seis o siete meses con sentencia en un juicio ordinario. Pero, además, el juez está obligado a proponer una fórmula de arreglo o buscar un acercamiento con conciliación y mediación.

Usted ha dicho que se reúne con abogados y jueces. ¿Eso no propicia las críticas por la injerencia política en la Justicia?

La independencia de la Justicia siempre está en la palestra, porque los grupos políticos tratan de desprestigiar una política pública del Gobierno, y porque la gente gana y pierde juicios. Cuando pierden es porque, tal vez, el juez no fue independiente o fue vulnerado por la corrupción o fue presionado políticamente.

¿Las críticas son políticas?

Si hacemos un análisis no político, veamos cómo funciona el sistema y qué antídotos hay para los problemas. La falta de independencia es que el juez no decida en derecho. ¿Cómo nos protegemos? Con carrera judicial, con jueces que lleguen por concurso, que no sean a contrato. Ahora tenemos el 100 % de jueces de carrera, de nombramiento y pasaron por un concurso...

Que también fue criticado...

Sí, pero antes no había y son sujetos de veeduría e impugnación ciudadana. Implica pruebas teóricas y prácticas para entrar a la Escuela, luego pasan a la carrera judicial. Esa estabilidad, si fuese sola conduciría al burocratismo, requiere evaluación, sistema disciplinario y capacitación.

Pero hay casos de declaraciones de funcionarios públicos que provocan cambios en materia judicial. Ahí la independencia queda en entredicho. El caso Sharon es un ejemplo...

En eso no entra el Consejo porque es un tema jurisdiccional. Lo que sí aspiramos es que con las pruebas y la motivación suficiente, los jueces tomen la decisión final.

Lo que queda en el ambiente es que hay cambios por una declaración política de un funcionario que cuestiona un fallo...

Pero también hay casos en los que hay respuestas judiciales distintas a las que actores políticos mencionan.

¿Por ejemplo?

El caso de Manuela Picq. Había una idea jurídica de lo que debía ocurrir y una jueza dijo: no, aquí no cabe la deportación. Lo que hay que tener evidencia es si esos jueces decidieron por temas exógenos al derecho, alguien tendría que tener pruebas y presentar una queja y el consejo responderá.

Entre las quejas que han recibido, ¿hay alguna vinculada con una interferencia política?

Ninguna. Que alguien haya planteado que algún ministro, funcionario o actor político interfirió y tengo las pruebas... Ninguna. Declaraciones públicas, claro.

Hay cuestionamientos al tratamiento inicial de la información en el tema de las ciudadanas argentinas asesinadas en Montañita. ¿Qué opina?

Las investigaciones no se pueden cerrar hasta que el fiscal lo diga y no se determinen, en última instancia, las responsabilidades. En el tema de las redes la pregunta es: ¿tienen las mismas regulaciones que los medios? ¿Deben tenerlas?

La diferencia está cuando lo publica un ministro; el impacto no es el mismo...

El trabajo le corresponde a la Fiscalía a la hora de acusar y al juez a la hora de determinar si hubo pruebas suficientes o no.

¿Publicaciones como esas, más allá de este caso, no alteran el sistema judicial cuya imparcialidad defiende usted?

Si llegamos a la conclusión que altera, entonces deberíamos llegar a concluir que sí, que las redes deberían ser reguladas así como se ha regulado a los medios. Justo por ese riesgo.

¿No hay límites para los funcionarios públicos?

Los medios no pueden declarar culpable o inocente a nadie, eso le corresponde a los jueces, tampoco lo pueden hacer los funcionarios.