La ley que se aprobaría próximamente en la Asamblea Nacional sobre la creación de una guardia civil que dé protección a exmandatarios y autoridades públicas que ocuparon puestos importantes en la política ecuatoriana genera dudas a la opinión pública que debe ser escuchada por los nuevos legisladores que analizarán con precaución esta iniciativa para tomar las correcciones que sean necesarias. En el art. 158 de la Constitución del Ecuador se señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

No podemos alterar lo que indica la ley suprema (Constitución) que está por encima de todo. Para evitar una confusión se debe consultar a los mandantes (pueblo) si es que están de acuerdo con una guardia civil, a través del derecho inviolable; el voto popular.

Somos un país democrático que sabe que toda acción política social la vamos a aprobar o rechazar para el bien común de los ecuatorianos.

Juan González F.