Resulta inaceptable que un empresario ecuatoriano, que usufructuó dinero “que puede tener posiblemente origen ilícito”, pretenda “consignar” dicho dinero al Estado, como prueba de su “buena fe”, con la finalidad de liberarse de cualquier responsabilidad.

A la luz del Derecho Penal ecuatoriano, aquel ciudadano no se puede deslindar tan fácilmente de una futura investigación previa ni peor aún de un posible proceso penal por el hecho de devolver dinero con presunto origen ilícito después de seis años. El único órgano titular del ejercicio de la acción penal pública con facultad para investigar delitos es la Fiscalía General; por lo tanto, si el empresario estaba afanoso en coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos investigados, cabe señalar entonces que cometió un error al suscribir un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero, por cuanto no consta dentro de sus facultades suscribir este tipo de acuerdos o convenios como ente adscrito al Ministerio Coordinador de Política Económica, y peor aún sin conocimiento de la propia Fiscalía.

Resulta irreal para la ciudadanía que desde 2012 fecha en que el empresario recibió los $ 13,5 millones, no haya tenido conocimiento de la legitimidad de sus socios y menos aún del origen de los fondos.

José L. Hidalgo Fernández