“La cantera deberia pagar por los danos”
Ayer, EXPRESO desveló el contenido de dos informes, uno de la Agencia de Regulación y Control Minero y otro del Ministerio del Ambiente. En el primero se decía que la cantera Evadriana VI está “explotando” unas dos hectáreas del bosque protector Cerro
Ya no queda ni un vestigio de la torre metálica que Eleuterio Perfecto Yagual instaló años atrás al pie de Cerro Blanco, junto a un camino empedrado que culebrea desde las urbanizaciones Torres del Salado y Portal al Sol hasta los riscos donde se oculta el jaguar, con el que sueña encontrarse.
El jefe de los vigilantes recuerda que clavó un letrero en sus pilares para alertar a furtivos e invasores de que, si traspasaban ese punto, estarían adentrándose en un bosque protector. “Levantamos varias en distintos lugares. ¡Toditas las robaron!”, afirma apenado.
El centinela y Paul Cun, técnico de biodiversidad en la Fundación Pro-Bosque, que administra este tesoro natural, subrayan que los operarios de la cantera Evadriana VI han sobrepasado el antiguo emplazamiento de la atalaya. Desde una encrucijada donde confluyen la ciudad, la selva y el cielo, Cun pide detener el todoterreno, agarra su bloc de notas y otea el horizonte.
Está muy preocupado. Es la “primera vez”, según él, que una empresa “explota” parte de esta zona protegida. En concreto, unos 20.000 metros cuadrados (dos hectáreas). Así lo recoge un informe de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), elaborado el pasado 28 de noviembre a petición del Ministerio del Ambiente (MAE), que ya había efectuado una primera inspección en julio.
El desencadenante fue una denuncia presentada por los moradores de Portal al Sol, aunque el especialista de la fundación también había remitido varias comunicaciones al MAE a raíz del aviso recibido por un residente de Torres del Salado.
“Los responsables de Evadriana VI no nos advirtieron de lo que pretendían hacer. Hasta ahora, todas las empresas habían actuado dentro de sus límites”, destaca el experto, que conoció las conclusiones del documento redactado por Arcom a través de este Diario.
Hoy, el bosque protector Cerro Blanco comprende 6.078 hectáreas. Pero las primeras 2.000 se declararon en 1989, casi tres décadas después de que comenzaran a implantarse algunas de las catorce canteras que actualmente extraen roca caliza en los alrededores de la vía a la costa.
Ahora, Cun confía en que el MAE fije una sanción económica para los dueños de la concesionaria, tal y como hizo a mediados de 2016 con quienes se habían asentado en algunos terrenos protegidos, situados cerca del kilómetro 22. Entonces, la cuantía establecida ascendió a “115.000 dólares”. Pero la entidad, matiza el biólogo, aún no ha cobrado: “Nosotros no contamos con el dinero suficiente para un proceso legal. Supongo que el MAE tendrá sus baremos, pero la cantera debería pagar por los daños ocasionados al ecosistema”.
Su labor se antoja dura y solitaria. Debe atender muchos frentes. Por un lado, en las inmediaciones de la entrada a la 8, al noroeste de Guayaquil, también se han registrado invasiones de particulares. “Espero recibir en breve el informe de ese caso”, apostilla con cierto aire de resignación.
Y, por otra parte, va a pedir al MAE que revise, como ya hizo Arcom con Evadriana VI, si otra empresa próxima está devorando el bosque a paladas.
Riesgos para fauna y humanos
De confirmarse la ilegalidad de la intervención, Inés Manzano, experta en Derecho Ambiental, augura que esta “explotación” minera podría afectar al bosque y a algunas especies propias del sector como el papagayo de Guayaquil o el mono aullador, entre otras. Tal y como recalcan los moradores, también considera que existe la posibilidad de que estos padezcan “daños pulmonares”, debido a la inhalación de polvo.
Un problema al que, según Jimmy Andrade, primer director de Cerro Blanco, podría sumarse la “desestabilización de la tierra”. Porque en el supuesto de que esta industria no utilizara el sistema apropiado, las montañas y el suelo se desnivelarían: “El área se convertiría en una zona de riesgos para las urbanizaciones y los asentamientos humanos cercanos”.
“Esperamos que esto sea el principio del fin”
Los dirigentes vecinales de la vía a la costa creen que ha llegado la hora de aunar esfuerzos, de apoyar a sus compañeros de Portal al Sol y de que se efectúen inspecciones en todas las canteras. “Estamos ante un momento muy importante. Lo ocurrido con Evadriana VI es gravísimo y nos afecta a todos”, destaca a EXPRESO Guillermo Ayala, presidente de Puerto Seymour.
Su homólogo de Terranostra, Pedro Guevara, plantea convocar movilizaciones, pero una vez hayan pasado las elecciones para que ningún político capitalice la causa. “Hace tres años, en el Municipio nos dijeron que las concesiones eran por dos décadas, que se terminaban en ese entonces y que no las iban a prorrogar. Aún siguen allí”, critica.
En el fondo, todos anhelan que el informe de Arcom marque un cambio de rumbo a nivel institucional. “Esperamos que sea el principio del fin”, lanza Álvaro Cruz, de Belo Horizonte.
