Eduardo Engel es economista, ingeniero civil y matemático chileno que presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción en Chile, en 2015.

- Ecuador ha pasado de preferir la obra pública a las alianzas público-privadas, ¿por qué tiene más riesgo esta modalidad?

- Las APP tienen potenciales beneficios y potenciales riesgos. Partamos por los beneficios. El principal es que tienen mejores incentivos para el mantenimiento de la obra. Con un contrato bien diseñado, con garantías si el concesionario no cumple, uno se asegura -y la experiencia lo muestra- que habrá un buen mantenimiento de la carretera. En una obra pública, sin embargo, el mantenimiento es un problema serio. Dar mantenimiento continuo a la carretera, con las APP, es más barato que el que se da en la obra pública, donde se inaugura la vía, se deteriora y entonces se vuelve a rehabilitar y a tapar los hoyos y se vuelve a deteriorar. Segundo, los gobiernos eligen APP porque no cuentan como deuda y no contribuyen al déficit. Permite gastar más sin que se registre porque se contabiliza lentamente en el tiempo.

- ¿Cuál es la otra cara?

- El talón de Aquiles de las APP han sido las renegociaciones. Como son contratos a largo plazo, hay 20, 30 y hasta 40 años en los que el concesionario y el Gobierno pueden renegociar el contrato ante alguna coyuntura que seguramente se dé. El Gobierno puede llegar a un acuerdo con esa empresa para que invierta en obras adicionales hoy y se paguen en el futuro. Y así las APP se vuelven una forma de eludir los controles presupuestarios que tienen los países, ya sea que el Congreso debe autorizar el gasto o que haya una regla fiscal.

- ¿Añadir una obra adicional es una irregularidad per se?

- Se ha usado mucho y la mejor forma de controlarlo es que haya un panel técnico independiente que deba autorizar la inversión adicional para una APP que ya existe. Si no, es un terreno fértil para la corrupción. Tenemos datos que demuestran que en las APP y en las obras públicas donde hay evidencia de que hubo sobornos, los niveles de renegociación son mucho mayores: alrededor del 80 % versus aquellas en donde no hay evidencia de soborno, donde el porcentaje de renegociación es solo el 10 % de la inversión final. La enorme brecha entre el 80 % y el 10 % sugiere que cuando hay corrupción, asociada al pago de sobornos, las renegociaciones son mayores. Y, precisamente, porque esa renegociación se da sin transparencia.

- ¿En qué tipo de obras habría que descartar estas alianzas?

- Las APP son buenas en caso de carreteras donde el mantenimiento es importante. En cambio, no tenemos la suficiente evidencia para decir que la APP es la mejor opción -ni para decir que no lo es- en escuelas, hospitales o en infraestructura social. Cuando el servicio que vas a contratar es contrastable, es decir, se puede medir con indicadores que dicen si el activo está en buen estado y si el servicio que da es de buena calidad, es una buena opción. Sino, es preferible la obra pública. Por ejemplo, en las redes de agua potable la APP no es una buena opción. Hay que elegir entre privatizar y hacer gestión pública.

- Pues en Ecuador se ha vendido como una opción atractiva para municipios que no tienen dinero para la red de agua...

- El dinero que ahorra el Municipio al construir con APP es un dinero que después debe pagarle a la empresa concesionada. Entonces, en tema de presupuesto, no hay un verdadero ahorro fiscal. En algunos países, los municipios no pueden endeudarse. En esos casos, las APP ofrecen una forma indirecta de endeudarse y que no podrían hacer por obra pública. Pero ahí hay que tener cuidado. ¿Quién va a pagar la deuda si los ingresos que genera esa red de agua potable no son suficientes para responder al contrato? ¿El Municipio? ¿Va a declararlo en bancarrota? ¿Va a asumirlo el Gobierno central? En muchos países hay temor a que los municipios se endeuden porque puede ser deuda sin fondo.

- Ampliando el foco sobre la corrupción, ¿cómo se atajan los casos extendidos en la región?

- Hay que tener instituciones lo más técnicas posibles que decidan qué obras se hacen, tener tiempo para hacer un buen diseño, tener equipos fuertes y luego tener un seguimiento de los contratos que sea sólido. Las presiones son muy grandes en el sector de infraestructura. Lo que hace falta son instituciones del Estado fuertes para resistir esas presiones. Si no, uno termina gastando muchísimo más para tener infraestructura que no es de buena calidad. Y, además, termina debilitando la democracia porque estos escándalos debilitan la confianza de la ciudadanía.

- También ha sido habitual en el país que los estudios previos a las obras hayan fallado por apurar la construcción...

- El escenario que uno quiere evitar es que el presidente decida qué proyecto se hace sin ningún contrapeso. El proceso de decir qué proyectos se hacen debe tener suficientes consideraciones sobre su valor social y sobre cómo hacerlo de buena manera y a un costo lo más bajo posible. Y no que por apuro político termine siendo caro.

- Si un presidente anuncia un proyecto sin estudios, ¿se puede presumir que hay algo raro?

- Cuando un presidente anuncia grandes obras sin un estudio previo es una señal de debilidad institucional. Ahora bien, los presidentes muchas veces -y pasa en todos los países- tienen grandes obras que quieren hacer. El test se pasa si el presidente anuncia una obra y unas instituciones sólidas le dicen que la obra no va porque no pasó la evaluación. Los países que logran eso tienen instituciones sólidas en infraestructura. Los países en los que cada vez que el presidente anuncia una obra, esa obra se hace, son países en los que lo más probable es que la institucionalidad sea débil.

- ¿Cómo regenerar la credibilidad institucional si los órganos de control están implicados?

- Cambiar a las personas es un primer paso, pero debe ir acompañado de repensar esas instituciones para que existan más contrapesos, transparencia... Por ejemplo, la FIFA tuvo un escándalo tremendo por el que salió Joseph Blatter, pero la causa profunda era que todos los países votan igual a la hora de tomar decisiones. Por tanto, Alemania o Francia, que tienen grandes equipos de fútbol, tienen el mismo peso que islas donde con suerte hay jugadores. Era muy atractivo entregar una coima a representantes de países pequeños. Esto no ha cambiado en la FIFA. Por eso, es probable que en 10 años haya un nuevo escándalo.

- ¿Pasará igual en la región con los casos de corrupción?

- Tenemos una ventana de oportunidad para mostrar que hemos aprendido la lección y modificar nuestras instituciones, desde cómo proponemos infraestructura hasta cómo financiamos la política y los partidos. Va a depender de las reformas que haga cada país. Se abrió una ventana, pero más temprano que tarde se va a cerrar. ¿Qué harán los países hasta que esa ventana se cierre? Es muy pronto para hacer proyecciones, pero soy optimista. Espero que aprovechen la oportunidad.

- ¿Cómo diferenciar si un país está haciendo un cambio o solo está vendiendo que hace cambios?

- Para eso es muy importante recurrir a la sociedad civil, a la academia. También juegan su rol los bancos interamericanos, la CAF, los multilaterales. Son actores con credibilidad porque para ellos defender lo indefendible tiene un costo muy alto. La sociedad entera tiene no solo el problema de no saber distinguir si se dan cambios reales, sino peor todavía: están en tal grado de desconfianza que no creen en nada. Entonces, el peor escenario es que se hagan cambios notables y nadie los reconozca.