Cuando el Ejecutivo decidió intervenir la Universidad de Guayaquil no dudamos en expresar nuestra complacencia. Creímos entonces que la presencia de un profesional experimentado, y de un equipo eficiente, más la participación de una Comisión Académica formada por connotadas personalidades en la historia universitaria, garantizarían el cumplimiento de los objetivos de devolver a la “alma mater” su tradición autonómica, su papel como principal centro de educación superior del país, su orgullo y trascendencia. Dábamos por descontado que el interventor procedería a definir una estrategia a partir del carácter público de la institución; esto es, a reconocer un ámbito diverso respecto a cómo funciona la educación particular, en la que tiene un peso fundamental la obtención de réditos económicos, la consecución de ganancia.

Proceder a partir de ello hubiera sido lo aconsejable para que la intervención funcione. Nuestra universidad, qué duda cabe, como todos los centros docentes públicos de nivel superior, constituye un ámbito integrado por varios sujetos activos, portadores de intereses y visiones propias, de orientaciones que no siempre coinciden y que, de manera normal y constante, pueden entrar en pugna. Así, y considerando que aquella atravesaba por un momento sumamente crítico, expresado en una casi inexistente institucionalidad, en la proliferación de casos de corrupción administrativa y en una inocultable quiebra moral, era lógico suponer la presencia de voces que exigirían soluciones inmediatas. Ellas se dieron a través de reclamos canalizados por maestros con ascendiente incuestionable, como Camilo Morán, Jorge Ortega y Eduardo Chancay (Ortega ha sido tres veces presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad y Morán presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología) y la autoridad interventora, en lugar de absolverlos con explicaciones claras, decide, sin justificativos válidos y contraviniendo el respeto al debido proceso, expulsarlos.

Una medida que debe ser revisada de manera urgente.