Daños en vehículo de caravana presidencial
Daños en vehículo de caravana presidencial, el 7 de octubre pasado.Crédito: Precidencia de la República

La reacción del Gobierno a la liberación de detenidos por ataque a Daniel Noboa

El Ejecutivo cuestionó la decisión de una jueza que ordenó la libertad inmediata de cinco detenidos tras "ataque"

El Gobierno reaccionó con molestia luego de que una jueza ordenara la libertad inmediata de cinco personas detenidas por el ataque a la caravana presidencial del mandatario Daniel Noboa, ocurrido el 7 de octubre de 2025.

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La jueza Erika Álvarez declaró ilegal la detención, argumentando que se vulneró el debido proceso al mantener incomunicados a los sospechosos y no leerles sus derechos al momento de su aprehensión. La resolución se adoptó tras la audiencia de flagrancia en la Unidad Multicompetente de El Tambo, donde se registró el ataque.

Aunque la magistrada reconoció que los hechos constituyen un delito flagrante, determinó que la Fiscalía no podía formular cargos debido a las irregularidades detectadas en el procedimiento policial.

Reacción del Ejecutivo

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Desde el Palacio de Carondelet, la respuesta del Gobierno fue inmediata. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la resolución como una “traición”.

“Traición definitivamente. ¿Qué podemos esperar de la justicia si hemos visto lo que han hecho con los delincuentes, con los que han matado, con los narcotraficantes? Han llevado a las personas, las evidencias, y aun así los dejan libres”, expresó Reimberg en declaraciones oficiales, en Radio Centro.

El Ejecutivo reiteró que el ataque contra la caravana presidencial fue un acto de terrorismo y tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa.

El contexto del ataque

De acuerdo con la Fiscalía, el atentado ocurrió mientras el presidente realizaba una visita a la provincia de Cañar, en medio de manifestaciones del movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel.

En la zona del río Coyoctor, aproximadamente 500 personas se concentraron durante la protesta. En ese contexto, varios vehículos de la caravana fueron atacados y tres militares resultaron heridos.

La Fiscalía solicitó que se calificara el hecho como delito de resistencia, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero no logró sustentar la imputación ante la jueza.

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