De juzgadores a juzgados
A 18 meses de haber declarado la nulidad de un proceso, la exjueza de Garantías Penales del Guayas, Madeline Pinargote Valencia, podría cambiar de rol: pasar de juzgadora a juzgada. La exfuncionaria fue llamada a juicio por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dentro de un proceso que se sustancia en su contra por un presunto delito de prevaricato. Investigación que abarcó a otros tres magistrados de la Corte Provincial del Guayas que, el pasado miércoles, quedaron absueltos. El juez nacional Jorge Blum decidió el juzgamiento de Pinargote, tras acoger parcialmente el dictamen acusatorio que emitió el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en contra de ella y otros tres jueces de la Sala Especializada Penal del Guayas. Los cuatro actuaron en un proceso penal que se abrió en 2014, por un supuesto delito de lavado de activos en la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons), relacionado con unas exportaciones irregulares que se hicieron desde Ecuador hacia Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). El 30 de julio de 2014, la exjueza Pinargote declaró la nulidad de todo lo actuado en el caso Foglocons, desde el allanamiento que realizó la Fiscalía en las oficinas de la mencionada empresa y donde se obtuvieron facturas, documentos que fueron incorporados como indicios en la investigación por lavado de activos. La exfuncionaria fundamentó su decisión en que las facturas son parte de la correspondencia de los comerciantes y, por lo tanto, la obtención de esa información requiere un procedimiento especial; y, que en el allanamiento no había participado la Fiscalía. Sobre el primer hecho, Chiriboga no compartió esa información y sobre el segundo, aceptó que “el fiscal que aparecía supuestamente en esa audiencia, efectivamente no estuvo; pero fue otro fiscal, por lo tanto no había el argumento de nulidad”, dijo ayer el titular de la Fiscalía en entrevista con EXPRESO. Tras la apelación, el caso pasó a conocimiento de la Sala Penal del Guayas, donde se ratificó la nulidad del proceso. Pero, según Chiriboga, la jueza Pinargote “actuó disponiendo -incluso- lo que la Sala no había autorizado. No dispuso jamás que los fondos retenidos sean devueltos”. Sin embargo, añade, cuando el proceso baja a manos de ella, sin competencia y con un fallo ejecutoriado, volvió a disponer el desbloqueo de 56 millones 388 mil dólares. Dinero que está retenido por esa investigación, y que se encuentra en custodia del Banco Central del Ecuador.
