La justicia ecuatoriana camina en ‘slow motion’ si se compara con las investigaciones de otras latitudes. Esa eficiencia foránea provoca que gran parte de los casos de corrupción desvelados e investigados en Ecuador, en los últimos años, provengan de resultados obtenidos en el exterior.

Las irregularidades detrás del encarcelamiento y vinculación del exmilitar, Telmo Torres, con el narcotráfico mexicano son el último ejemplo. A raíz de la declaración dentro del juicio al Chapo Guzmán, ministerios, el Consejo de la Judicatura y hasta la Asamblea anuncian investigaciones.

Esa acción reactiva de las autoridades de justicia y fiscalización es cuestionada por diversos sectores. El asambleísta correísta Esteban Melo considera que no existe una justicia que esté trabajando en la resolución de verdaderos casos de corrupción. Él considera que los órganos de control tienen consignas políticas más que técnicas e imparciales.

El ministro de Justicia encargado, Ernesto Pazmiño, está de acuerdo con parte de esa afirmación. Él también considera que la justicia está parcializada hacia intereses económicos.

Por eso, el funcionario anunció investigaciones dentro del Ministerio. Habrá destituciones y, de ser el caso, aplicación de sanciones para quienes actúen por encima de la ley.

El asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano, también considera que se deben exigir respuestas a la exministra de Justicia, Rosana Alvarado. Él pidió la comparecencia de la excolaboradora de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno.

El caso Torres no es el único que se ‘importó’. Las investigaciones por corrupción con Caminosca, las irregularidades dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), los nombres de altos funcionarios en los ‘Panama Papers’ y la red de sobornos que la transnacional Odebrecht pagó en Ecuador son temas que llegaron a las autoridades de justicia desde otros países.

El problema no es, dicen los consultados, que los casos lleguen desde afuera sino que no avancen al mismo ritmo. En Odebrecht, por ejemplo, las denuncias aparecieron en 2016 pero -hasta agosto de este año- solo hay una sentencia.

La velocidad y eficiencia enfrentan otro obstáculo. Las indagaciones e investigaciones previas que lleva adelante la Fiscalía General se aletargan por la inestabilidad de su autoridad. En un año, la Fiscalía ha tenido cuatro fiscales generales en funciones.

Las entidades

La Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, desde abril, ha tenido un desfile de autoridades. Carlos Baca Mancheno fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional. Luego, por tres días, fue fiscal Gen Alfonso Rhea. Su nombramiento no duró y fue reemplazado por Paúl Pérez Reina. Pocos meses después, Pérez renunció y fue sustituido por Ruth Palacios.

Asamblea

La fiscalización copó la agenda legislativa aunque los resultados no son los esperados. Juicios políticos tardíos o archivados fueron la temática que produjo un retraso en la aprobación de leyes que planteó la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas. El órgano también debe tramitar leyes que frenen la corrupción.

Justicia

El Ministerio de Justicia está bajo la mira por varios casos donde se presume que existieron cómplices que ayudaron a prófugos de la ley. En el último caso, un delegado del Ministerio será investigado porque dio luz verde a la sustitución de medidas pese a que no existía la documentación que certifique su condición.