Andersson Boscán Pico

boscana@granasa.com.ec Guayaquil

No hay voz jurídica que se preste para dar sustento al superintendente de Control de Poder de Mercado, Pedro Páez, luego de que este denunciara, en una entrevista con EXPRESO publicada ayer, una “duplicación de funciones” en las actuaciones de su entidad y la Justicia ecuatoriana. Sus declaraciones producen desconcierto en la comunidad jurídica, temerosa de un intento por inaugurar una justicia paralela en el país.

La historia se remonta al millonario matrimonio cervecero de AB Inbev y SABMiller, temporalmente frustrado por Páez, quien exigió, entre otras cosas, la venta de la marca Club (es decir, el 20 % del mercado nacional) para permitir la megafusión empresarial. Esta decisión fue desbaratada por un juzgado guayaquileño al que acudieron las empresas. En la Superintendencia estudian su respuesta jurídica, pero están claros en algo: “un juez no debe decidir sobre un monopolio”, dijo Páez. Y nadie lo discute. Pero tampoco lo acompañan.

Los juristas más relevantes en la materia, consultados por este Diario, apuntan al detonante de lo que consideran una “errada”, “lamentable” y “antitécnica” declaración del máximo responsable antimonopolio: el juez no decidió sobre el monopolio, sino sobre la decisión de la Superintendencia.

El abogado y catedrático Marcelo Bodero, quien ha dedicado media vida profesional a la asesoría de gremios empresariales e industriales, lo explica de la siguiente manera: “La Superintendencia es quien autoriza o no para hacer algo. Esa decisión, en algún momento, puede ser un exceso. La pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es ¿qué sucede entonces?”. Allí entra la justicia.

Cuando uno de los regulados por una superintendencia se siente afectado bien puede acudir a un juzgado, argumenta el jurista corporativo Roberto Illingworth. El juez se pronunciará entonces sobre “la procedencia o improcedencia de la medida administrativa” como, en este caso, la exigencia de venta de la marca Club. El también exministro de Industrias y de Comercio Exterior considera que transitar en sentido contrario a este, es decir, a mantener a las instancias administrativas por debajo de las judiciales conllevaría a crear un superintendente “todopoderoso”.

Coincide, en este sentido, el especialista en litigio mercantil Eduardo Carmigniani. Para quien las declaraciones de Páez dejan en evidencia “la petulancia intelectual” de una superintendencia que se atribuye la capacidad técnica para resolver el embrollo, “la clara prepotencia al pretender estar por encima de los jueces” y la poca claridad en la justificación de su decisión administrativa.

El superintendente antimonopolio, sin embargo, no ha cuestionado solamente la decisión de los juzgados, en su entrevista con este Diario, sino también la independencia y probidad de los funcionarios judiciales guayaquileños, sobre quienes aseguró: “parece que tuvieran algo contra la Superintendencia”. El Consejo de la Judicatura provincial no replicó estas acusaciones, consultado por este medio.