El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó el pasado 29 de marzo una primera sentencia de 2018 que ordenaba el pago de 96,5 millones por concepto de capital e intereses vencidos, “al encontrar probada la ilicitud del contrato No. RF-CFI-07, suscrito el 29 de octubre de 2000 entre Caribbean Financial International Corp. y Transainer S.A., convenio simulado con la intención de desviar fondos del Grupo Isaías, en su momento dueño de Ecudos S.A., a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo”.

Para la Procuraduría General del Estado, la sentencia tenía el riesgo de afectar los intereses nacionales ya que en 2008 el gobierno de Rafael Correa incautó Ecudos, un ingenio azucarero en La Troncal, en Guayas.

En primera instancia la empresa Caribbean Financial International Corp obtuvo un fallo que le reconocía el derecho a recibir un pago de casi 100 millones de dólares. Pero en la apelación, hecha por Ecudos S.A., que hoy está en manos privadas, se presentó la Procuraduría General del Estado como tercero coadyuvante.

La entidad probó el “fraude ejecutado por el Grupo Isaías”.

La Procuraduría dijo que presentó las pruebas y argumentos para demostrar la simulación del contrato, que la supuesta obligación de Ecudos S.A. con Caribbean Financial International Corp “se fundamentaba en una causa ilícita y, por tanto, era nulo, pues simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra con el objeto de evitar las incautaciones del Estado ecuatoriano en contra de los bienes a nombre del Grupo Isaías”.

Finalmente, la sentencia condenó a Caribbean Financial International Corp a la restitución de los bienes materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, más el pago a la demandante, que suman 4,9 millones de dólares por concepto de costas judiciales.