Justicia igual para todos

  Actualidad

Justicia igual para todos

Resulta una obviedad que las instituciones, cuando son acusadas de haber recibido sobornos, se defiendan de la mejor manera posible.

Con mayor razón si se trata de instituciones de gobierno que entonces están no solo en el deber sino en la obligación de exigir aclaraciones o presentar argumentaciones en contrario.

Sin embargo, en los asuntos vinculados con la búsqueda del imperio de la verdad o la proscripción de vicios tan negativos como la corrupción (que permite aceptar, solicitándolos o no, sobornos de distinta naturaleza), resulta una mala señal la de poner, dicho en lenguaje coloquial, el vendaje antes que la herida.

Lo que antecede guarda relación con el remitido que sobre el caso Odebrecht acaba de publicar el Gobierno nacional.

Todavía en el Ecuador no se conocen, como ha ocurrido en los países vecinos, los nombres de los funcionarios nacionales involucrados en los sobornos declarados por unos de los principales de la gigante empresa constructora brasileña, cuando ya se plantea que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y para atenuarlos, literalmente “negocia” su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio.”

Se niega por anticipado, pero en otra parte del comunicado se admite la posibilidad de “comportamientos personales inapropiados”. Pues bien, precisamente los nombres de quienes incurrieron en esa conducta son los que el país desea conocer porque tiene derecho a saberlo.

Mientras tanto, parece inadecuado, dado que se trata del mayor socio comercial del Ecuador, con una administración de justicia que, sin duda, deja bastante menos que desear que la nuestra, aquello de precisar: “Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington”.

La estrategia, tantas veces empleada, de descalificar a todo quien contradiga los intereses de la política gubernamental, está gastada. Con mayor razón cuando se da en el marco de una justicia a dos velocidades: una para sancionar a los opositores y otra para juzgar a los aliados. Cabe insistir en una justicia igual para todos.