A cada minuto, decenas de personas transitan por el Complejo Judicial Guayaquil Norte (Florida), en busca de justicia; pero la labor que se emprende en cada una de las unidades judiciales se desarrolla sobre edificios calificados como inseguros. Hay carteles en la puerta que lo advierten.

Desde su creación, en 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ) no ha podido obtener los permisos de funcionamiento del complejo; primero, por fallas en su construcción; y luego, por una obra inconclusa que debía conectar las escaleras de emergencia, que fueron construidas al lado de cada una de las diez torres que forman parte del conjunto judicial.

El pasado 27 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (CBG) colocó sellos de prevención en las puertas principales de las edificaciones, como paso previo a una imposible clausura. El documento advierte al CJ que el establecimiento no ha concluido los trámites para su funcionamiento, por lo que le otorgó ocho días de plazo para regularizarse. Hasta el cierre de esta edición no cumplían con la documentación. El primer aviso fue pegado el 4 de octubre de 2018, tras dos publicaciones que hizo EXPRESO sobre el tema.

“Desde el inicio de la obra se construyó sin permiso de bomberos y sin permisos municipales”, reitera el coronel Martín Cucalón de Ycaza, jefe del CBG. Tras las respectivas inspecciones que se hicieron, posterior a la construcción, señala que conminaron en innumerables ocasiones a las autoridades administrativas de ese entonces para que ingresen los planos, pero “nunca lo hicieron”.

Luego de la inauguración, Cucalón recuerda que fueron a inspeccionar la obra y “encontramos que los edificios efectivamente tenían escaleras de emergencia interiores, las cuales no fueron aceptadas por el Cuerpo de Bomberos, por cuanto tenían el paso de cables eléctricos, tuberías de aires acondicionados, lo que no les permitiría funcionar de una manera adecuada”.

En una de las tantas reuniones, el Consejo de la Judicatura sugirió a los bomberos construir escaleras externas, para lo cual entregaron planos, diseños, contratos, lo que fue visto como óptimo; pero la obra no concluyó. Las gradas figuran como torres ornamentales que no tiene conexión a ninguno de los edificios. Así están desde 2015.

Eso conllevó a que los bomberos se acerquen nuevamente a la Florida para poner los sellos de prevención.

“Los colocamos para que la gente sepa que los edificios no son seguros, por cuanto no cuentan con las vías de evacuación correctas”, explica el jefe bomberil. Pero advierte que no pueden hacer más. El artículo 326 de la Constitución prohíbe la paralización de los servicios públicos.

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, reconoce que el complejo opera sin los permisos que la ley determina.

Un problema heredado de administraciones anteriores, cuya única solución sería la terminación unilateral y anticipada del contrato 066-2015 suscrito con la compañía Conecuakor, para la ejecución de la instalación e implementación del sistema contra incendios en el Complejo Judicial Norte, asentado en el sector de la Florida.

La obra fue pactada por un valor aproximado de 2’353.000 dólares, en un plazo de ejecución de doce meses una vez entregado el anticipo, según explicó Crespo.

“Aquí se instrumentaron órdenes de trabajo, órdenes de cambio y en la ejecución de los trabajos hubo la necesidad de ejecutar rubros contractuales, rubros nuevos autorizados, incrementos de cantidades que hicieron que la obra vaya dilatándose en el tiempo...”.

Todo eso, sumado a que el contratista no había devengado el anticipo y sobre todo que había subcontratado sin autorización de la entidad contratante, aparentemente sobre el 30 % permitido por la Ley Orgánica de Contratación Pública, así como el escalamiento de las multas, a un monto bastante importante, detalló el funcionario.

Luego de un análisis de las áreas técnicas y previa notificación al contratista con los informes económicos y jurídicos, la Judicatura anunció a EXPRESO que procederán al cese del contrato, al no ser suficientes las explicaciones que dio Conecuakor. Lo que conllevaría además a un juicio por daños y perjuicios.

En 2018, el entonces director nacional de la Judicatura, Juan Vizueta, pidió un examen de auditoría; pero, según Crespo, la Contraloría no ha hecho una intervención hasta el momento.

Ahora, las autoridades administrativas buscan un nuevo contrato para concluir las gradas y el sistema contra incendios que está en cada una de las torres. Pero, a la par, surge un nuevo problema: la falta de dinero. El proyecto necesitaría de una partida presupuestaria, cuyo monto inicial se estima en cuatro millones de dólares. Puede ser más o puede ser menos.