Roberto Aguilar | Juicio a Godoy: punto sin retorno

La postura de los oficialistas en el juicio político a Mario Godoy (esa fingida ecuanimidad que dizque los obliga a escuchar a las partes para sopesar sus argumentos y decidir el voto con objetividad) es una grosera patraña y un engaño a la fe pública. Ellos dicen que están juzgando responsabilidades políticas pero se reservan un espacio de ambigüedad en el cual fingen conducirse con el rigor de los jueces ordinarios. Ese supuesto rigor les proporciona el resquicio para lavarse las manos: ahí reside la hipocresía de su fiscalización. Esto puede ser más o menos escandaloso dependiendo de la gravedad o la certeza de los hechos que se juzgan. Y los del presidente del Consejo de la Judicatura son clamorosos.

Vamos a ver: un operador de Godoy (su director provincial, Henry Gaibor) presionó a un juez para que fallara a favor de un narco. El narco era cliente del estudio jurídico de la esposa de Godoy, uno de los varios mafiosos clientes de esa firma, a algunos de los cuales defendió el propio Godoy en su momento. Ocurre además que ambos, el presidente y su operador, Godoy y Gaibor, juntos, están metidos en otro caso de intromisión en la justicia. Dice Nubia Vera, jueza caída en desgracia, que ambos la visitaron, agresivos e intimidantes, le entregaron un pendrive con una sentencia ya escrita en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad y la amenazaron con destruir su vida si se negaba a dictarla. Vera se negó y la destruyeron. El pendrive reposa en Fiscalía, donde duerme el caso.

Sabemos quién escribió esa sentencia: Roger Tumalli, hoy envuelto en un caso de acoso sexual, a quien Godoy llevó a la Judicatura con un cargo de confianza (director jurídico), junto a otros amigos suyos que puso en otros cargos de confianza y están envueltos en otras porquerías (Álex Gallo, por ejemplo, director administrativo que al parecer cobraba porcentajes de los contratos). Son los amigos de Godoy en la cresta de la ola.

Esos son los hechos. ¿Significa que Godoy es narcotraficante? ¿Aliado de los narcotraficantes? Sólo un juez puede decirlo. Pero no se necesita juez alguno para advertir que la presencia de Godoy y su gentuza ha hundido a la justicia en una crisis de credibilidad sin precedentes en la que los jueces honestos deben abandonar el país para que no los maten, mientras los funcionarios corruptos son promovidos a los cargos más altos de la Judicatura. Esa realidad incontrovertible tiene un responsable político: Godoy. ¿Qué necesitan escuchar los asambleístas del oficialismo para tomar una postura? ¿Dónde piensan encontrar la responsabilidad política de la podredumbre moral de la Judicatura si no es en su presidente?

No, ellos fingen ecuanimidad y prometen escuchar con objetividad a las partes. Esperan, claro, un resquicio que les permita justificar el lavado de manos que el Gobierno espera de ellos. Y lo encontrarán, claro, porque un juicio político jamás tendrá el rigor probatorio de un juicio ordinario. Entonces se pondrán rigurosísimos y lo absolverán. Y al hacerlo, darán al país un mensaje tan inequívoco como la responsabilidad política de Godoy: nos dirán claramente que la crisis de la justicia les vale un carajo, que ellos están ahí para otra cosa. De ahí no se vuelve.