Sin pruebas, no hay delito es la conclusión a la que llegan las cabezas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, mesa que actualmente se encuentra redactando el informe que recomendará el futuro del juicio político en contra el presidente Guillermo Lasso.

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El proceso, según Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la comisión, está invalidado por la inexistencia de la renovación de contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker en 2022, alegada por los proponentes del juicio.

“Hay derecho a las opiniones jurídicas y políticas, pero no a interpretar los hechos. No hay tal renovación de contrato de Flopec en 2022”, sostiene la asambleísta Cordero y señala que esto podría tener consecuencias en el documento que la mesa legislativa deberá presentar hasta el 6 de mayo próximo.

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El 5 de abril de 2023, Jorge Regalado, gerente comercial encargado de Flopec, respondió una solicitud de información hecha en el marco del juicio político, donde asegura que la empresa pública “no ha firmado un nuevo contrato del transporte de hidrocarburos en julio de 2022”.

Ante este escenario, Cordero recuerda que “nosotros solo podemos valorar las pruebas sobre los hechos ciertos. Al no existir la prueba de la renovación de contrato, no hay peculado. Y si no hay peculado, no hay responsabilidad política”, añade la legisladora oficialista.

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Este Diario intentó comunicarse con Mireya Pazmiño, asambleísta proponente del juicio político en contra del primer mandatario, para consultarle si considera válida la afirmación de Cordero y explique la procedencia de la prueba alegada, pero no hubo respuesta.

Por su parte, aunque no adelanta cómo esto repercutirá en la recomendación del informe, Fernando Villavicencio, titular de la mesa de Fiscalización, señala que la inexistencia de la prueba matriz de los proponentes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es un asunto grave y de análisis.

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“Los cuatro legisladores (proponentes) indujeron al error tanto al Consejo de Administración Legislativa como a la Corte Constitucional”, sostiene Villavicencio y señala que esta es una precisión que deberá ser ubicada en el informe que remita la comisión a Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo.

Asimismo, destaca que este es un elemento más que demuestra que los proponentes no han logrado determinar la responsabilidad política del mandatario. “No hay evidencia del peculado. No hay un informe con indicios de responsabilidad penal ni una indagación previa de la Fiscalía”, hace hincapié.

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Este escenario, según continúa Villavicencio, ha provocado que los asambleístas de la comisión del correísmo, otra de las fuerzas políticas proponentes del juicio, amenacen a los asesores encargados de redactar el informe que será entregado al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

“Les amenazan con juicios penales si no incluyen sus criterios”, continúa el legislador y recuerda que, según la normativa de la Función Legislativa, la elaboración de informes es una atribución exclusiva de los asesores de las comisiones legislativas y no de los asambleístas que la conforman.