El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, lo ha dicho de todas las maneras posibles: no apoya el juicio político a la fiscal general del Estado Diana Salazar. Sin embargo, paradojas de la vida, es capaz hasta de violar la ley para impulsarlo. Esta semana, en el Consejo de Administración Legislativa, los votos del Partido Social Cristiano y sus aliados de la bancada de gobierno (otros que se oponen con vehemencia al juicio político a la fiscal: hasta el presidente de la República lo ha dicho) se sumaron a los del correísmo para aprobar… ¡el juicio político a la fiscal! ¿Podían desautorizarlo? Más que eso: debían. La solicitud del juicio presentada por la correísta Gissella Garzón no cumplía los requisitos prescritos en la ley. Pero en lugar de archivarla, como correspondía, decidieron echarle una manito. Se ve que socialcristianos y gobiernistas sí apoyan el juicio político después de todo.

Las inconsistencias del documento de 100 páginas presentado por Garzón eran groseras. En la parte correspondiente al anuncio de la prueba (fundamental para garantizar el derecho a la defensa de la acusada), la legisladora correísta dejaba muchas pruebas sin anunciar: se limitaba a solicitarlas. Mal aconsejado por la Unidad de Técnica Legislativa, el CAL le pidió que corrija esas omisiones: un exceso de benevolencia para el cual no está facultado. La Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla esa posibilidad (la de completar una solicitud de juicio político mal hecha) únicamente cuando el acusado es el presidente o vicepresidente de la República, como ha explicado el exprosecretario de la Asamblea Pablo Santillán. Es resumen: el máximo órgano administrativo de la Asamblea excedió sus funciones y violó la ley para aprobar un juicio político al que la mayoría de sus integrantes dicen oponerse. Raro, ¿no?

Lo que ocurrió a continuación ya no es raro. Es, directamente, una payasada. Henry Kronfle se apresuró a redactar un comunicado público en el que explica, una vez más, que no está de acuerdo con el juicio a la fiscal. Y defiende lo actuado por el CAL, cuya “única responsabilidad”, dice, “se limita a verificar el cumplimiento de requisitos de forma” (todo esto en negritas y con mayúsculas, no vaya a ser que no le crean). Precisamente los requisitos de forma que la solicitud presentada por Gissella Garzón no cumplía. Precisamente la “única responsabilidad” que el CAL excedió cuando no se limitó a verificar su cumplimiento. Adjunta, ya perdido por completo el último resto del sentido del ridículo, un certificado solicitado al secretario de la Asamblea: “desde la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dice, “no existe petición de juicio político que haya sido inadmitida, tras el cumplimiento de los requisitos legales establecidos”. En realidad, lo que había que preguntar al secretario es si existe alguna petición de juicio político que haya sido admitida tras el incumplimiento de los requisitos legales establecidos. O si esta es la primera.

Nada nuevo: nomás Kronfle siendo Kronfle. Es decir: guardando a rajatabla (en virtud de su sinuosa filosofía sobre “el valor de la palabra”) la promesa empeñada a sus asociados en un pacto secreto y privado, al mismo tiempo que hace maromas para evitar que se note en público. Mala suerte: se nota y mucho.

Se puede decir que los principales esfuerzos de comunicación política emprendidos por el correísmo, el nebotismo y el partido de gobierno (ADN) en relación con la supuesta alianza de gobernabilidad, están dirigidos a distraer a la opinión pública del contenido real de su pacto secreto. Gran parte de lo que sus dirigentes declaran en entrevistas o ruedas de prensa, lo que manifiestan en comunicados públicos o comentan en las redes sociales, busca distraernos, despistarnos o directamente engañarnos. Es el reino del amago, el farolazo, el simulacro artero y cínico, la política entendida como un juego del gato y el ratón en el que corresponde a los ciudadanos el papel de eternos roedores y a los políticos el de insidiosos cazadores. Un teatro de sombras donde los espectadores no pueden sino suponer, imaginar lo que se encuentra detrás de lo que están mirando. ¿Cómo se sostiene la tramoya? ¿Quién mueve los hilos? ¿Con qué efectos engañosos nos sorprenderán ahora? La comunicación política se ha convertido en el dudoso arte de multiplicar las pistas falsas, los mensajes equívocos, los globos de ensayo… Como si en la perplejidad de los mandantes radicara el verdadero poder de los mandados.

Un día Rafael Correa escribe un mensaje desde Bélgica: “¡Por favor, presidente Noboa! ¡Así no! No levanten falsas expectativas. La ley (se refiere a la reforma tributaria enviada a la Asamblea como proyecto de ley económica urgente) es una colcha de retazos, sin una clara visión de país detrás”. Otro día, el partido nebotista, como si se acordara de algo que tenía grabado en el inconsciente y que, básicamente, no tiene que ver con nada de lo que se está discutiendo, despacha: “Es público que quien se opuso a la construcción del puerto de aguas profundas en Posorja fue el gobierno de la Revolución Ciudadana (…) Terminó cediendo ante la presión ciudadana y la necesidad de la obra. Prohibido olvidar”. Otro día el presidente Daniel Noboa comparece en su primera entrevista y se declara en absoluta oposición al juicio político que sus aliados correístas impulsan contra la fiscal Diana Salazar (absoluta oposición que se resolvió en el CAL como ya hemos visto). El efecto de todos estos mensajes y muchos otros que las tres fuerzas políticas del pacto secreto sueltan a diario es idéntico: incrementar la confusión de los ciudadanos. ¿Se rompió la alianza? ¿Continúa firme? ¿Van a apoyar los correístas la reforma tributaria del gobierno? ¿Cómo van a votar los nebotistas en la nueva propuesta del correísmo? ¿Y en la próxima? ¿Se pelearon? ¿Se volvieron a juntar?

A los ciudadanos nomás les toca adivinar. O suponer. O mejor: deducir. Seguir las pistas. Sacar conclusiones. La primera: sólo hay una razón posible por la que el contenido de un pacto político deba mantenerse en secreto, a saber: porque es inconfesable. Y puestos a imaginar lo inconfesable, las posibilidades son infinitas.

Que el pacto tiene que ver con la impunidad es lo más obvio: ya se intentó en mayo de 2021 y no tendría por qué ser diferente en la actualidad. Por eso quieren bajarse el concurso para elegir contralor: necesitan a un títere en ese puesto. Y de paso echan abajo al CPCSS. ¿No se unieron correístas y socialcristianos durante la legislatura pasada con ese mismo propósito? ¿Por qué habría de cambiar eso? ¿Y la Corte Nacional? ¿No hay un acuerdo tácito para que el impresentable Wilman Terán continúe su tarea de lumpenización del aparato de justicia? Otra de las posibilidades va más allá de la impunidad y tiene que ver con los negocios. ¿Por qué el alcalde de Guayaquil cambió de opinión con respecto a la construcción del nuevo aeropuerto de Daular, que al principio no consideraba prioritario? ¿Quién se beneficia? Lo dicho: cuando se trata de lo inconfesable, el cielo es el límite. Nomás hay que estar atento a las señales, no creer una palabra de lo que dicen los políticos y juzgarles por sus actos. Al fin y al cabo, están tan hambrientos que se ponen en evidencia a cada rato.