La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue procesada ayer por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.

El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que “se encuentra acreditado” que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido “in fraganti” cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.

El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

“Se empieza a hacer justicia”, expresó ayer Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

En una extensa resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.

Ercolini considera que la exjefa de Estado “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país”.