Casi al año de haber recibido la ratificación de su inocencia por presunto peculado, la justicia les vuelve a sonreír a los hermanos Roberto y William Isaías.

Esta vez, un juez de Guayaquil aceptó la acción de protección presentada por Jorge Zavala Egas, procurador judicial de los expropietarios de Filanbanco, que inició como medida cautelar, y declaró la nulidad de la resolución de incautación de los bienes de los hermanos Isaías.

El juez también ordenó la reparación integral para los demandantes que deberá definirse en el Tribunal Contencioso Administrativo, según confirmó la Procuraduría General.

Zavala Egas confirmó que la resolución del juez implica que el siguiente paso es inventariar los bienes y determinar cuáles deberían devolverse a los exbanqueros, residentes en Estados Unidos desde hace más de 20 años.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que ha apelado la decisión de un juez de la Familia de Guayaquil que “resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentada hace cuatro años en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías”.

Será la Corte de Justicia de Guayas la que resuelva la apelación presentada por ese ente, que adelantó que seguirá presentando las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado.

Por su parte, el procurador judicial de los Isaías señaló que en la audiencia del martes, el juez decidió como reparación integral “la restauración de la situación jurídica de los Isaías al momento anterior en que se inició el proceso de determinación de sus obligaciones, eso es antes del 26 de febrero de 2008, por ser este el acto vulnerador de sus derechos”.

Indicó, además, que la otra decisión judicial fue la nulidad de todo el proceso de determinación de las obligaciones de carácter civil seguido en contra de sus patrocinados, incluidas las resoluciones de la otrora Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en que se fundamentó la incautación de sus bienes, derechos, acciones y activos en general. A esos se suma la restitución de bienes que aún están en poder del Estado, al patrimonio de los demandantes. Explicó que la resolución también indica que se debe determinar el justo precio de los bienes incautados y que no pueden ser devueltos, y el juez competente debe determinar el monto proporcionado por los daños y perjuicios.

Zavala expresó su satisfacción porque finalmente el fallo del más alto tribunal de justicia del mundo sobre derechos humanos, que es el de la ONU, se ha cumplido.

Concluyó que “hemos cerrado así un capítulo más de esta negra historia de violación de derechos contra una familia ecuatoriana”. Entre los bienes que podrían regresar a la familia Isaías se encuentra un inmueble ubicado en el sector de Cumbayá, en donde funciona actualmente el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Pero el resultado de esa acción de protección no es el único que esperan los hermanos Isaías. Hay otro recurso que conoce la jueza Andrea Patiño, de la Unidad Judicial Penal de Durán, interpuesto en contra de la Procuraduría y del Ministerio de Agricultura y que se encuentra en trámite.

Adicionalmente, a las dos acciones de protección con medidas cautelares, existe un juicio ordinario por responsabilidad objetiva del Estado interpuesto en diciembre del año pasado por el abogado Ricardo Noboa Bejarano, en el que los expropietarios de Filanbanco reclaman que el Estado les pague 2.000 millones de dólares.

El juicio se encuentra en el Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas. La tramitan los jueces Fabián Cueva (ponente), Ángel Ponce y Mario Proaño. Hasta la semana pasada continuaban las citaciones.

Inicialmente, el tribunal dispuso 30 días hábiles para que el Estado conteste la demanda. La Procuraduría aún no ha enviado su respuesta.

Los expropietarios de Filanbanco piden, entre otros montos: 1.548 millones de dólares por los bienes y 15 millones por gastos en honorarios de los defensores.

El caso derivó de las sentencias emitidas en los juicios de insolvencia que siguió el Banco Central que señalaban que los activos eran mayores que los pasivos, en un caso sustanciado en la Florida en Estados Unidos. En respuesta a una consulta formulada por EXPRESO en marzo, Noboa había señalado que lo que la demanda hace “es sumar activos incautados, intereses más gastos, la justicia resolverá si a ese valor se imputa la deuda que podían haber tenido”.

Los demandados en este caso son: el Banco Central, Inmobiliar y la Superintendencia de Bancos. Sobre el anuncio de los hermanos Isaías de que no demandarían al Estado porque solo les interesaba limpiar su nombre, en marzo el abogado aclaró que hay que distinguir la responsabilidad en los juicios penales de los civiles (caso de la demanda).

Mencionó que sus patrocinados tenían en ese caso la posibilidad de pedir daños y perjuicios. Y eso, no lo hicieron. Precisó que a eso se referían sus clientes.

La cifra

2.000 millonesreclaman los hermanos Isaías como reparación del Estado ecuatoriano.