Alrededor de tres horas duró en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia por la acción de protección que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La diligencia se instaló a partir de las 11:00 de este martes 22 de noviembre. Estuvo a cargo de la jueza de Garantías Soledad Manosalvas.

Villavicencio dice que en la diligencia, cuya resolución se conocería hasta el jueves, demostró que la suspensión de 31 días resuelta por la mayoría del CAL se realizó al margen de la ley y se vulneraron sus derechos constitucionales. 

¿La razón? No existiría norma expresa para la sanción impuesta dentro de la queja que presentó la asambleísta de UNES Patricia Núñez.

Recordó a la jueza Manosalvas que el presunto odio o las expresiones discriminatorias debieron de haberse dado dentro del pleno de la Asamblea, en el pleno de una comisión o en el CAL. "La propia asambleísta Núñez señala que mutila el 171 y no pone la segunda parte que las ofensas tienen que ser en esos espacios", dijo.

Aseguró que no existe norma para sancionar una expresión en redes sociales y dijo que concuerda con quienes insisten en que lo que ha hecho el CAL es convertirse en una policía del lenguaje al regular la opinión de los legisladores en redes sociales y esto es muy grave", recalca. 

Indicó que muestra de que no es un problema en contra suya y después puede ser de otro legislador es que al menos 13 legisladores le acompañaron. Recalcó que los asambleístas que votaron en su contra, Marcela Holguín y Ronny Aleaga, actuaron de forma ilegal porque él habría observado que ellos tienen una "enemistad manifiesta" debido a que habrían presentado querellas en su contra.

La asambleísta Holguín aclaró que "el asambleísta fue sancionado por los miembros del Consejo Administrativo Legislativo (CAL) al incurrir en una falta administrativa por expresarse con términos ofensivos y discriminatorios, según lo establece el artículo 171, numeral 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa".

Añadió que el asambleísta no logró desvirtuar las acusaciones en su contra, ante los miembros del CAL, pues fueron debidamente probadas por parte de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez. "Por último, yo no he presentado ninguna queja en contra del legislador Fernando Villavicencio en el Consejo de Administración Legislativa. Por lo tanto, no estoy impedida de participar en el mismo", concluyó.

Por su parte el asambleísta Aleaga refirió que: "decir que nuestra actuación en el CAL es un acto de “odio”, constituye una aseveración sin fundamento, por parte del asambleísta Villavicencio". 

Insistió en que de su parte no hay odio en una acción, legítima, legal y administrativa dentro de un procedimiento legislativo que cumplió con toda las solemnidades establecidas.

"Por el contrario, el odio, la calumnia y la injuria, vienen desde la curul del antes mencionado a asambleísta. Hay que hacer conciencia de que no se puede usar la investidura de Asambleísta como patente de corso para hacer falsas acusaciones o proferir insultos en contra de nadie", acotó.

Hubo un amicus curiae que presentaron 13 legisladores en favor de Villavicencio. Como procurador común para que exponga en la audiencia se nombró a Ricardo Vanegas.