Judicatura responde tras liberación de detenidos por secuestro de ciudadana asiática

El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronunció este viernes 6 de junio sobre la diligencia que permitió la liberación de dos hombres capturados por el secuestro de una comerciante de nacionalidad china que fue hallada sin vida en una cisterna en el sector Nueva Prosperina, en Guayaquil.

El caso ha generado conmoción, especialmente por el hecho de que los implicados fueron puestos en libertad menos de 24 horas después de ser aprehendidos, a pesar de haber confesado su participación en el delito, el pasado 31 de mayo.

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Según un comunicado de la Judicatura, el juez que conoció la causa -Juan Pablo Pulgarín Barreto- actuó conforme a lo solicitado por el fiscal Rómulo Sevilla Jara, que pidió medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para Byron Steven Méndez Villavicencio, alias "La Pinky", y Jhorly Ariel Portocarrero Mera, alias "Coscacho", los dos principales sospechosos del secuestro.

La Judicatura indicó que el magistrado únicamente resolvió en función de los elementos presentados por parte de la Fiscalía.

¿Qué ocurrió en la audiencia según el Consejo de la Judicatura?

En la audiencia del 31 de mayo, según la Judicatura, la Fiscalía solicitó que Méndez Villavicencio fuera obligado a presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y se le prohíba salir del país, amparándose en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El juez aceptó esta solicitud y extendió las medidas cautelares también para Portocarrero, en aplicación del principio de igualdad.

"Es importante señalar que, conforme a la normativa vigente, corresponde a la Fiscalía formular cargos y solicitar medidas cautelares, mientras que el juez resuelve en función de los solicitado y de los elementos presentados durante la audiencia", justificó el Consejo de la Judicatura sobre la decisión del magistrado.

Lo que ha causado indignación es que ambos detenidos habían confesado su implicación en el secuestro de la ciudadana asiática, según los partes policiales. A uno se le halló un arma de fuego y municiones, mientras que el otro tenía un historial penal que incluía antecedentes por homicidio, robo y tenencia de armas.

Tres días después de recuperar la libertad, Méndez Villavicencio habría participado en un nuevo secuestro en el sector Urbanor, en el norte de Guayaquil, según denunció la periodista Catalina García.

Asociación Ecuatoriana de Jueces: "La prisión preventiva no puede imponerse de oficio"

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también se pronunció. Este gremio indicó que "la investigación y formulación de cargos en un proceso penal corresponde de forma exclusiva a la Fiscalía. Esta institución es la encargada de solicitar ante los jueces las medidas legales aplicables respecto de personas presuntamente involucradas en la comisión de delitos".

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La agremiación señaló además que la solicitud de prisión preventiva "debe estar debidamente motivada y fundamentada por el agente fiscal". Para ello, refirieron la resolución N° 14-2021 de la Corte Nacional de Justicia, en las que se detalla que esa medida será ordenada "solo si se ha demostrado que la persona investigada podría fugarse".

"En consecuencia, los jueces y juezas no estamos facultados para disponer la privación de libertad de una persona si esta no ha sido solicitada y sustentada debidamente en audiencia por la Fiscalía. La prisión preventiva no puede imponerse de oficio", expuso la Asociación.

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