La decisión no les tomó por sorpresa. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Enríquez y Édgar Flores, que en julio pasado cambiaron la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario en favor de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, fueron informados ayer por el Consejo de la Judicatura (CJ) de que están destituidos.

La decisión fue tomada el martes último en sesión ordinaria del organismo y la notificación llegó a los jueces a primera hora de ayer miércoles 2 de octubre. Esta sanción se aplica a los “funcionarios judiciales que vulneran el debido proceso y la seguridad jurídica e incurren en manifiesta negligencia”, explicó el CJ en un escueto comunicado.

Quienes no se quedaron cortos en detalles fueron los magistrados cesados. Aunque dijeron no ser hombres “mediáticos”, convocaron ayer a una rueda de prensa para revelar, según ellos, los verdaderos motivos por los que están fuera del máximo organismo de justicia, algo que, aseguran, es lo menos importante.

“Las verdaderas intenciones que existen detrás de todo esto son, con el pretexto de reinstitucionalizar al Estado, tomarse la Corte Nacional de Justicia. Por un acto eminentemente jurisdiccional se nos interpuso una queja por el simple capricho de uno de los sujetos procesales, que no estuvo conforme con la decisión que fue adoptada en Derecho”, declaró Flores.

El reclamo fue presentado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el contralor, Pablo Celi; y Marco Proaño, en delegación de la Procuraduría. Los tres funcionarios acusaron a los jueces de mantener una actitud “grosera” y de no permitir a la Fiscalía presentar todos sus argumentos durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Mera, dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Los jueces aseguran que como no les han podido encontrar nada ilícito durante la evaluación que emprendió desde inicios de año el Consejo de la Judicatura, entonces se han abierto una serie de sumarios administrativos, y no solo contra ellos. Y que la acusación de negligencia llegó para reemplazar a la figura del error inexcusable.

“Que se lea todo el auto de inicio de instrucción fiscal y se vea la fundamentación de la Fiscalía General del Estado. Son seis líneas y utiliza para fundamentar el recurso un artículo de un medio impreso. Ese tipo de legislación es la que manejamos en el Ecuador”, cuestionó Enríquez.

Ambos jueces han sido acusados de actuar en favor de funcionarios cercanos al expresidente Rafael Correa en las investigaciones que se han abierto por presunta corrupción.

Ellos dicen que lo único que les vincula con el correísmo es haber sido elegidos mientras ese grupo político gobernó el país. Flores incluso ensayó una lista de casos en los que actuó y los funcionarios del anterior régimen no salieron bien parados.

“En lo personal, lo he dicho, si fuese juez correísta no hubiese sentenciado al exvicepresidente Jorge Glas, tampoco a Carlos Pólit o Raúl Carrión. Tampoco hubiese llamado a juicio a Alecksey Mosquera, o no hubiese escrito en la sentencia que se investigue a Odebrecht como persona jurídica, algo que hasta ahora no se ha hecho”, concluyó Flores.