El Consejo de la Judicatura (CJ) trabaja en una propuesta para un corte de personal administrativo, obligado ante el recorte “dramático” de su presupuesto anual.

El proyecto está siendo trabajado por la Dirección General de la entidad junto con el área de Talento Humano, como parte de la optimización de recursos que podría dejar afuera a unos 348 funcionarios, de los 11.626 que labora a nivel nacional. “Esto no es todavía un plan, que supondrá la aplicación de cuatro mecanismos: la terminación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas. Para todos estos mecanismos el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que, en base a la propuesta que presente la Judicatura, ubicar los recursos correspondientes”, detalló esta mañana Pedro Crespo Crespo, director general del CJ, en una rueda de prensa que ofrecieron las autoridades de la Judicatura, en Guayaquil. El evento se centró principalmente, en la terminación de los nombramientos a 265 notarios del país, cuyo periodo fijo (seis años) concluyó entre noviembre y diciembre de 2019; pero que están en funciones prorrogadas hasta que se realice un concurso, que ahora ya está siendo considerado en la agenda 2020 de la Judicatura.

Crespo aseguró que la disminución del personal (de un 2 a 3 %) obedece a un estudio técnico que se ha realizado y que no son 400 como se había indicado, extraoficialmente.

El funcionario señaló que, al inicio del ejercicio presupuestario 2019 tuvieron la insistencia del Ministerio de Finanzas, para que se proceda con la optimización del recurso de los servidores de la Función Judicial. “Por la situación de austeridad fiscal que atraviesa el presupuesto del Estado hemos venido dialogando con el Ministerio... se ha pedido al Consejo de la Judicatura que emprendamos el proceso de optimización de talento humano y así como una reestructuración de todo su estamento administrativo”.

Según afirmó, en diciembre procedieron a desvincular a 186 personas que laboraban bajo las modalidades de contrato y proyectos de inversión. En este último, quienes tenían todo el manejo de la infraestructura judicial, con contratos que están siendo objeto de exámenes por parte de la Contraloría General del Estado y que deben tener su cierre correspondiente mediante terminaciones unilaterales, por mutuo acuerdo y otras formas que prevé la ley.

El recorte del presupuesto ha sido sistemático, “tanto, que en el mes de septiembre, fueron múltiples los recortes en varias partidas y se concluyó con un recorte de más de 11 millones de dólares a la partida 51 de personal”, dijo Crespo. Lo que obligó a la Judicatura entrar en una optimización a través de la propuesta que se está desarrollando, la que -asegura- no afectará al servicio de justicia, ni a los servidores administrativos jurisdiccionales ni judiciales. Para este año, se tenía previsto un presupuesto de 330 millones de dólares, 30 millones menos que en 2019. A decir de Crespo, el recorte que han sufrido es “bastante dramático”, lo que “afecta hasta en varios gastos corrientes”.

La reestructuración supone ver esa plantilla a nivel nacional, en base al plan de cobertura, carga procesal y demandas poblacionales en cada una de las circunscripciones del país. Lo que concluirá con la emisión de varios instrumentos institucionales como: un nuevo estatuto orgánico, un manual de descripción, valoración y clasificación de puestos y la nueva planificación de talento humano, que se espera esté lista a más tardar en noviembre de este año.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, aclaró que se trata de un informe preliminar, por lo tanto no ha habido resolución alguna del pleno en ese sentido.

La funcionaria desmintió que exista una revalorización de sueldos de los vocales, dado que ese tipo de decisiones pasan por resolución previa del pleno, lo que no ha ocurrido.

“Esta propuesta no ha sido remitida ni al Ministerio de Trabajo ni al Ministerio de Finanzas”, aseguró Maldonado, al resaltar que “nuestro sueldo es bastante inferior a jueces nacionales, a conjueces nacionales, jueces provinciales, y ligeramente superior a un agente fiscal, pero no estamos aquí por una remuneración sino por la convicción de lograr mejores días para el servicio de justicia, que no es lo mismo que la administración de justicia... somos conscientes y coherentes con el grave problema de austeridad que atraviesa el Estado y, por lo tanto, nosotros (estamos) esperando también y solicitando se considere a la Función Judicial como una función distinta...”.