Judicatura investigara a dos de sus funcionarios
La Corte recordó al Consejo que en ningún caso “se considerará jerárquicamente superior ni se podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales o defensores públicos”.
Dos casos de presunta injerencia de los directores de la Judicatura de Azuay y Pichincha en las actuaciones de dos jueces de esas jurisdicciones serán investigados. El Consejo de la Judicatura dispuso que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario abra los expedientes correspondientes para analizar sus actuaciones. En el desarrollo de los procesos disciplinarios los funcionarios mencionados tendrán oportunidad de presentar sus descargos, informó una fuente de la Judicatura.
El caso registrado en Azuay mereció ayer —7 de mayo de 2019— un pronunciamiento público de la Corte Nacional de Justicia. En un comunicado el organismo reivindicó que son atribuciones de los jueces emitir providencias para el desarrollo del proceso y cualquier gestión respecto a ellas, de personas ajenas al litigio, constituye injerencia prohibida en la Constitución y en el Código de la Función Judicial.
La Corte recordó al Consejo que en ningún caso “se considerará jerárquicamente superior ni se podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces, fiscales o defensores públicos”. La semana pasada se registró un incidente que involucró al director de la Judicatura en Azuay. Un vídeo evidenció que la autoridad recrimina, delante de los usuarios, a un juez por el diferimiento de una audiencia. El juez intenta explicar. Se escucha al delegado que levanta la voz. “Señor respete a los usuarios, está con la persona que tiene autoridad aquí. No es jurisdiccional, quiero que explique por qué difirió la audiencia”, dice. Esa actuación ahora deberá ser explicada.
En un segundo caso una jueza de Pichincha envió una carta al director general de la Judicatura Pedro Crespo en la que acusa al director del organismo en Pichincha de injerencia. Explicó que el funcionario habría intentado que se favorezca a un ciudadano procesado por supuesto tráfico de sustancias ilícitas. Finalmente el joven no recibió acusación fiscal. Él había sido detenido en el aeropuerto de Quito cuando transportaba una planta medicinal usada en ceremonias indígenas de sanación.
