Que los actos de corrupción en su Gobierno fueron aislados, ha repetido en varias ocasiones el expresidente de la República, Rafael Correa. En la práctica, las sospechas de irregularidades salpican a sus altas esferas. Y cada vez son más los señalados.

Por la Fiscalía y la Contraloría han desfilado funcionarios y exfuncionarios del correísmo para dar versiones en investigaciones. El mismo Correa fue incluido en ellas. Jorge Glas, exvicepresidente, tiene una sentencia por asociación ilícita. Ministros, secretarios y los titulares de otras instituciones del Estado completan la nómina.

Las tramas de sobornos de Odebrecht y Petroecuador han arrastrado a la mayor parte. Pero, con el paso de los meses, también se han sumado posibles delitos de peculado, fraude procesal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o perjurio (ver gráfico).

Antes de regresar a Bélgica, Correa ya rindió una versión sin juramento en la investigación por la venta anticipada de petróleo a China y por las declaraciones que hizo sobre los autores de atentado en San Lorenzo, Esmeraldas. También fue incluido por la Contraloría en la auditoría sobre la contratación y el uso de la deuda pública.

Tendrá que ‘volver’ al juzgado el 27 de febrero, a las 09:00. El expresidente es uno de los testigos citados junto con el exfiscal Galo Chiriboga y el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja en el caso por lavado de activos abierto en contra de uno de sus ministros: Alecksey Mosquera. El extitular de Electricidad está detenido desde el año anterior acusado de recibir un millón de dólares en sobornos. El año pasado, Correa lo defendió asegurando que el dinero era producto de un “acuerdo entre privados”.

Los hombres fuertes del correísmo, los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, exsecretarios de la Administración, de Comunicación y exministros de Turismo, son investigados en la Fiscalía por transacciones económicas inusuales: ellos, sus familiares y sus empresas movieron millonarias sumas de dinero en la última década. Ellos fueron llamados hoy a la Fiscalía. Hasta el cierre de esta edición, Fernando Alvarado no había confirmado su presencia, pues pidió el diferimiento de la versión.

Él también podría enfrentar una investigación por las irregularidades detectadas por la Contraloría en dos contratos asociados a los Enlaces Ciudadanos. Como publicó EXPRESO la semana pasada, el informe con indicios de responsabilidades penales ya fue enviado a la Fiscalía.

El último en unirse al grupo de investigados es Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía puso su lupa en él a través del trámite de un acto urgente por un presunto delito de tráfico de influencias.

Aunque la Judicatura y la Fiscalía aclararon, mediante comunicados de prensa, que no existe una investigación previa sino una acción administrativa, en el impulso fiscal se dispone recopilar información para determinar si amerita o no abrir el expediente.

De esta forma el nombre de la cabeza de la Función Judicial pasa a integrar la lista de la Fiscalía. Él también fue secretario particular de Rafael Correa y su ministro de Gobierno.

Comisión 30s

La Fiscalía se investiga a sí misma

Un grupo de policías sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 pidió a la fiscal subrogante y de Pichincha Thania Moreno investigar al fiscal Carlos Baca por presunto fraude procesal. La solicitud se fundamenta en las declaraciones del excontralor Carlos Pólit que mencionó una posible edición de los vídeos que sirvieron como prueba contra los uniformados.

Sería la segunda investigación contra Baca. La misma Moreno lo investiga por un posible peculado. La sospecha es que el fiscal recibió pagos de honorarios con gastos reservados procedentes de la Senain. Baca negó la acusación.

Auditorías

Contraloría suma más sospechas

La década correísta también le da más trabajo a la Contraloría. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, es el último señalado por posibles irregularidades: dos contratos de los enlaces ciudadanos fueron enviados a la Fiscalía. Antes que él, dos exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera, fueron glosados con $ 71 millones por irregularidades en el pago al IESS. En el mismo caso está Marcela Aguiñaga que espera la resolución de su caso por la glosa de 41 millones por el parque Samanes.

Carlos Ochoa, de la Supercom, en cambio, tiene una resolución de destitución en su contra.