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La Judicatura inicia sumarios a jueces por los casos Morales y alias Raquiña

Los judiciales serán investigados por presunta negligencia manifiesta

María el Carmen Maldonado
La presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado informó que se reestablecen las actividades desde el jueves.Cortesía

Cuatro jueces afrontarán sumarios disciplinarios por decisión del pleno del Consejo de la Judicatura. Las acciones serán en contra la jueza de la Unidad Penal de Garantías Penitenciarias con sede en Latacunga, Alzira Benítez y contra los jueces de la sala Civil de la Corte del Guayas Eduardo Ordeñana, Gabriel Jama y Martha Sánchez.

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El pleno del Consejo resolvió iniciar un sumario administrativo contra la jueza Benítez sus actuaciones dentro del pedido de prelibertad en favor del señor Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, quien tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 20 años por asesinato. El procesado únicamente ha cumplido seis años, indicó el Consejo.

Su actuación se enmarcaría en presunta manifiesta negligencia y dolo.

El sumario administrativo para los jueces Ordeñana, Jama y Sánchez el sumario disciplinario se inicia porque los evidenciaron un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantía jurisdiccionales. Se presume manifiesta negligencia.

Para el juez Ordeñana, presidente de la Corte del Guayas, se inició una investigación por su actuación en el proceso judicial que se sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos, durante la emergencia sanitaria que involucra al prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales.

La Judicatura señala que durante formulación de cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva Morales pero el juez Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas, "actuación judicial que causó indignación en la ciudadanía".

El Consejo advirtió que permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial y ejercerá su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en aquellos casos en los que se compruebe una inadecuada actuación, especialmente en los procesos de investigaciones penales, por actos de corrupción y delincuencia organizada.