Jarrin: “Todo lo que se hizo fue por pedido de la Prefectura”

- ¿Por qué no está de acuerdo con la decisión de la Prefectura de terminar unilateralmente el contrato del dragado del río Guayas? ¿Quién incumplió?

- El señor prefecto Carlos Luis Morales habla de una inexistencia del objetivo final, pero la cláusula cuarta del contrato establece dos objetivos: el dragado de la segunda fase y la disposición de sedimentos sacados de El Palmar en un área que está a 10 kilómetros, en la ribera del río Babahoyo. No hay incumplimientos porque todo lo que se hizo fue por pedido de la Prefectura, por causas imputables a la Prefectura.

- ¿Hay impedimentos para cumplir con los dos objetivos?

- Teóricamente no existe ningún impedimento, pero en la práctica un 50 % de los terrenos donde deben depositarse los sedimentos no han sido entregados oficialmente por la Prefectura y, por tanto, mal haría la Armada en trabajar allí porque puede ser sujeto de una demanda de sus dueños.

- ¿Se puede hacer el dragado sin esos terrenos?

- No. Se necesita un trabajo de ingeniería antes de dragar porque hay que hacer primero unas especies de piscinas, que se llaman cuarteles, para depositar los 4,1 millones de metros cúbicos de sedimentos. El alquiler de la draga, porque así lo permite el contrato, fue suspendido el 22 de julio porque la actual Prefectura ordenó la suspensión de los trabajos en Peñón del Río, que es donde se estaban construyendo los cuarteles.

- ¿Por qué la Armada firmó un contrato sin que estuviesen los estudios ambientales?

- El contrato, firmado en abril del 2018, establece que se iniciarán los trabajos una vez que estén los listos los permisos y estudios ambientales. Estos recién fueron entregados en octubre, seis meses después. A partir de allí corre el plazo de 720 días para el cumplimiento de los trabajos y la entrega del anticipo.

- ¿Dónde están los 13 millones de dólares del anticipo?

- El Servicio de Dragas es una unidad técnica de la Armada y, por ser una entidad del servicio público, los fondos van a la cuenta única del Tesoro.

- Pero se utilizó una cuenta del Banco Rumiñahui.

- La cuenta del Rumiñahui es solo de paso porque el Banco Central no recibe el dinero directamente. En esa cuenta el dinero solo pasa horas.

- ¿Por qué el contrato manda a crear una cuenta exclusiva?

- La ley está sobre cualquier contrato y nosotros cumplimos la ley. El servicio de dragas no tiene personería jurídica para poder abrir una cuenta. Por tanto, esos dineros están en la cuenta única del Tesoro, a cargo del Banco Central. Todo está por escrito. Es más, se le pidió a René Vinueza, subsecretario del Tesoro Nacional, que certifique que el dinero está en la cuenta.

- La Prefectura señala, entre los incumplimientos cometidos para terminar el contrato, que la Armada no suspendió los trabajos cuando se lo dispuso.

- Los trabajos fueron suspendidos en la fecha solicitada. Desde mayo pasado llegamos a una serie de conversaciones de carácter técnico, económico, legal, donde estuvo el prefecto Carlos Luis Morales y todo su equipo, e incluso el abogado León Roldós. Fueron conversaciones formales, para terminación del contrato por mutuo acuerdo; no en un café, sino en el Comando de la Primera Zona Naval y en la Prefectura. Y se firmó el 8 de junio un acta de compromiso para la terminación del contrato por mutuo acuerdo, y el 17 de julio recibimos un oficio firmado por el prefecto Morales en el que se nos informa de su decisión de terminar el contrato por mutuo acuerdo.

- ¿Por qué el cambio de idea?

- No sé qué hizo cambiar de idea al prefecto. Cuando se estaba llegando a un acuerdo sobre los valores a ser cancelados a la Armada, que son cerca de dos millones de dólares por los trabajos ejecutados, conocimos la decisión de terminación unilateral del contrato. Nos sorprendió.

- ¿Qué pierde la Armada?

- La Armada no puede asumir responsabilidades que no le corresponden y ser afectada por la terminación unilateral del contrato. Si eso pasa, por cinco años no podrá contratar con el Estado y tendrá que dejar las obras que ejecuta. Aquí hay un perjuicio, no solo para la Armada, sino para el Estado, que dejará de recibir unos 50 millones de dólares producto del Servicio de Dragas.