Irregularidades en 33 contratos de la Universidad de Guayaquil
Rector de la institución enviará informe a la Contraloría para que determine responsabilidades. Dos exrectores y primera comisión están involucrados.
Sobreprecios, anticipos entregados fuera de fechas, adjudicaciones de obras sin licitación, sin estudios y fallidas por negligencia, son algunas irregularidades detectadas por parte de la Comisión Interventora y Fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil (CIFI 2), en 33 contratos de infraestructura y equipamiento.
Así lo dio a conocer ayer Roberto Passailaigue, rector de la institución y presidente de la CIFI 2, que trabaja desde el 15 de octubre de 2018, al señalar que ha enviado a la Contraloría del Estado los informes de estas investigaciones, para que este organismo establezca las responsabilidades respectivas.
Las anomalías están contempladas desde el 2015 hasta septiembre del 2018, tiempo en el cual operó la primera comisión interventora, así como los exrectores Roberto Cassís y Galo Salcedo.
Aunque todavía no se ha determinado el monto del perjuicio para la institución, Passailaigue recuerda que la CIFI 1 invirtió cerca de $ 50’000.000 durante su ejercicio.
Las irregularidades se presentan, por ejemplo, en el contrato de remodelación de la plazoleta central de la universidad con un sobreprecio de $ 300.000; así como en la construcción del aulario y edificio administrativo de la facultad de Medicina y Zootecnia, cuyo contrato fue de $ 6’000.000, se entregó un anticipo de $ 3’000.000, pero solo aparecen obras ejecutadas por $ 14.000.
Otros de los contratos con irregularidades es la remodelación integral de la facultad de Jurisprudencia, cuyo valor inicial fue de 3’400.000, pero se terminó pagando $ 5’429.000, a parte de 35 % más por contratos complementarios, donde se determinó que en todos los procesos no se cumplieron con los requisitos que manda la normatividad para pago de anticipos, permisos, planos y licitaciones. Mientras que en la nueva edificación de la Facultad de Ciencias Naturales, que costó $ 1’082.000, existen prórrogas ilegales y tampoco hubo estudios de los administradores de la universidad.
“Todos estos procesos e irregularidades se deben a causales que dependen de la administración de la universidad, en la que están inmersos los exrectores, jefes departamentales, incluyendo la comisión interventora posesionada en 2013 que debió controlar y verificar las acciones de las autoridades”, explica Passailaigue, al enfatizar que si la CIFI 1 autorizó estas anomalías, está mal; y si no controló, también está mal, por lo que puede haber responsabilidades por acción u omisión.
Hoy se reúne el CES
Plazo de la CIFI termina el 15 de enero
El plazo de la Comisión Interventora, designada el 15 de octubre de 2018 para un periodo de 90 días, concluye el 15 de enero. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior emitió un informe que determina que se debe prorrogar sus funciones, debido a que la universidad estuvo en un proceso de mala administración e inobservancia de la ley y ahora ha iniciado un proceso de cambio. El Consejo de Educación se reunirá hoy para definir el tema.
