
La vocal del CPCCS Johanna Verdezoto es investigada por peculado
La Fiscalía pide información sobre el uso del vehículo institucional a cargo de la funcionaria
La Fiscalía General del Estado investiga un peculado de Johanna Verdezoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El caso surge a partir de una denuncia por supuesta concusión, presentada el 28 de marzo de 2024.
EXPRESO conoció que, el 10 de junio de 2025, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó al CPCCS información relacionada con la consejera Verdezoto y el uso de vehículos institucionales a su cargo. Sin embargo, al tratarse de un caso en etapa de indagación previa, los datos están protegidos por la reserva legal.
(Le invitamos a leer: El CPCCS se baja a integrante de terna de la Corte Nacional para la Judicatura)
La denuncia original por concusión señala que el CPCCS cubrió los pagos de arriendo de Verdezoto, dado que su domicilio está en Los Ríos, pero la consejera presentó facturas sobre otra vivienda. Según la denunciante, la funcionaria residía en Quito, en el departamento de su pareja, el fiscal Javier Bosquez, hermano del asambleísta Henry Bosquez, quien dejó la bancada de la Revolución Ciudadana para unirse al movimiento oficialista, ADN.
Este Diario contactó por correo electrónico a la consejera Verdezoto para recoger su versión, pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.
Contenido textual de la denuncia:
“El dia 28 de marzo de 2024 mediante trámite número FGE-GD-2024-003018-EXT presenté una denuncia ante Fiscalía por el presunto delito de concusión, ello debido a que la Consejera Johanna Verdezoto en el año 2023 me dispuso que le firme un contrato de arriendo, diciéndome que lo hiciera en calidad de propietaria del inmueble que está ubicado en la calle Bosmediano de esta ciudad de Quito.
Confié en ella pensando que no pasaría nada y le firmé ese contrato. Luego ella me pidió que saque RUC y facturas y me dijo que haga una factura por el valor de 4.000 dólares americanos (por concepto de 5 meses de arriendo). Y luego emitir una factura por el valor de 800 dólares por concepto de otro mes de arriendo.
Yo no soy propietaria del bien inmueble en mención, y si le firmé este contrato fue porque confié en ella, lo cual realicé por mi necesidad de trabajo e ingresos (la denunciante trabajó en el CPCCS). Yo no sabía para que me solicitó aquello, sin embargo, en fechas recientes me acabo de enterar que este documento lo presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS para pedir reembolso de gastos de vivienda. Yo no quiero tener problemas por cosas que yo desconocía y por eso he denunciado esto a Fiscalía”.
- Concusión – Artículo 281 del COIP
"La servidora o servidor público que, abusando de su cargo o funciones, ordene o exija la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos, gratificaciones o dádivas no debidas, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años".
- Peculado – Artículo 278 del COIP
"La servidora o servidor público que, por interés personal o para terceros, sustraiga o disponga arbitrariamente de bienes o fondos públicos que custodia por razón o con ocasión de sus funciones, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años".
Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada