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En investigacion compras para la Policia por $ 244 millones

Fiscalía y Contraloría tienen en la mira los contratos de emergencia firmados por el Ministerio del Interior. Se sospecha de cobro de coimas por adjudicaciones.

Imagen referencial. Alerta. La fiscal Claudia Romero, que investiga el presunto cobro de coimas,  denunció que detrás de los sospechosos hay influyentes actores políticos.

Bajo el ojo fiscalizador de las autoridades se encuentran los contratos firmados por el Ministerio del Interior bajo el amparo de una emergencia institucional que se declaró en 2013 y que sigue vigente.

La Fiscalía investiga un presunto delito de concusión que involucra a María Paula Christiansen —actualmente prófuga de la justicia— exfuncionaria de esa cartera de Estado que jugó un importante rol en la aprobación de esas contrataciones públicas.

Ella, quien entre 2014 y 2016 ejerció los cargos de directora administrativa y coordinadora general administrativa financiera, y otros servidores y exservidores son sospechosos de haberse beneficiado de coimas exigidas por la adjudicación de contratos.

Convenios de pago y procesos de contrataciones que ese ministerio suscribió por un total 243’960.515,49 dólares son también parte de un examen especial de la Contraloría.

La acción de control comprende el análisis de adquisiciones para la Policía Nacional, entre estas vehículos, neumáticos, chalecos antibalas y caballos, así como servicios contratados para la instalación de GPS (sistema de posicionamiento satelital) en los carros, y de limpieza y mantenimiento de instalaciones policiales (ver infografía).

El pasado 23 de noviembre, los involucrados en las observaciones a esos procesos fueron convocados a la lectura del informe preliminar de esa auditoría, que analizó las contrataciones de emergencia del Ministerio del Interior.

No fueron notificados personalmente Christiansen (salió del Ecuador poco antes de que se ordenara su detención), ni Óscar Urrutia Marquardt, gerente general de la empresa Claquetafilms S. A., de quien se desconoce su domicilio. Esta compañía firmó en 2015 un contrato con el Ministerio del Interior (ver subnota).

Los resultados corresponden a las contrataciones efectuadas entre 1 de julio de 2012 y el 19 de julio de este 2017. Durante ese periodo de cinco años, cuatro funcionarios han estado al frente de ese organismo: José Serrano (presidente de la Asamblea Nacional), Diego Fuentes (Secretaría de Inteligencia), Pedro Solines y César Navas (ministro en funciones).

Los contratos bajo la mira se otorgaron de manera directa amparados por una emergencia institucional que Serrano declaró el 4 enero de 2013 y que fue extendida a través de varios acuerdos ministeriales.

El ministerio reporta en el Portal de Compras Públicas que la emergencia sigue en curso. Una vez superada esta, esa cartera de Estado debe entregar al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el detalle de todas las contrataciones realizadas bajo ese régimen.

EXPRESO solicitó formalmente al Ministerio del Interior información sobre esos procesos, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

A sus autoridades se les consultó si aún persisten las circunstancias y necesidades para mantener vigente la emergencia institucional, así como sobre el número de contratos y el monto total invertido.

Este Diario pidió también conocer qué acciones internas han tomado con respecto a las denuncias que involucran a funcionarios de esa cartera en las presuntas irregularidades en las contrataciones.

Compra de chalecos antibalas

Un viaje a India para la firma de contrato por $ 24,5 millones

El 28 de julio de 2014, el Ministerio del Interior firmó un contrato por $ 24’479.500 con la empresa india MKU Private Limited para la compra de 41.000 chalecos con protección balística para la Policía Nacional.

La formalización de ese compromiso fue en Nueva Delhi y para ello cuatro días antes viajaron a esa ciudad el ministro de entonces, José Serrano, y otros tres funcionarios de esa cartera: María Paula Christiansen, directora administrativa; Diego Fuentes, director jurídico, y el asesor Diego Fierro.

El 13 de noviembre de ese año, a través de un acuerdo ministerial, Serrano legalizó la comisión de servicios con remuneración por el viaje de la comitiva que lo acompañó a India.

Sobre esa contratación, el Gobierno indio informó en su momento que MKU había ganado una licitación internacional y que su armadura corporal antibalas fue seleccionada por el Ministerio del Interior ecuatoriano previo a extensas pruebas y ensayos de campo.

Producción de Tierra de serpientes

La contratación para una serie policial trajo sanciones

El pasado 28 de abril, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) sancionó al Ministerio del Interior con una multa de $ 15.200 y al canal incautado TC Televisión, con $ 30.400; al primero por vulnerar los derechos de autor, y al segundo por difusión pública sin autorización del titular del derecho.

El IEPI había aceptado la tutela administrativa presentada por el músico y compositor Édgar Granda Monsalve, quien reclamó por la utilización sin consentimiento de la canción ‘Veneno’, de su autoría, en la serie policial Tierra de serpientes.

La producción de esa obra cinematográfica había sido contratada por el Ministerio del Interior el 16 de junio de 2015. El organismo pagó $ 700.000 a la empresa Claquetafilms S. A. Esta firma hoy se encuentra inactiva.

Los dos sancionados presentaron una apelación y será el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, el que dé un fallo final sobre el caso. Consultado por EXPRESO, Granda dice que seguirá una acción judicial “por este abuso”.

Servicio de monitoreo y rastreo satelital

Christiansen adjudicó $ 3,9 millones para GPS en carros

El 5 de noviembre de 2015, Interior suscribió un convenio de pago por $ 1’834 .894,65 con la empresa Road Track Ecuador S.A. por el servicio de monitoreo y rastreo satelital de los vehículos de la Policía, que esa empresa había prestado desde el 23 de julio de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015.

María Paula Christiansen, en ese entonces coordinadora general administrativa financiera del ministerio, formalizó ese acuerdo. El compromiso sucedía a un contrato por $ 4’200.000, con plazo concluido, que en 2013 se había adjudicado a Road Track Ecuador. Con el mismo objetivo, el 12 de octubre de 2015, Christiansen adjudicó un nuevo contrato a esa proveedora, esta vez, por $ 2’103.125, con un plazo de 15 meses. La empresa renovó el compromiso contractual el pasado 29 de septiembre.

La gerente general, Mónica Salazar Urvina, no respondió a la consulta enviada por EXPRESO sobre si por esas contrataciones había sido llamada por la Fiscalía y la Contraloría.

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