Caso Los Choneros en Manta: bienes, contratos y funcionarios bajo investigación
La Contraloría revisará patrimonios de funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta y de Registros de la Propiedad
Este miércoles se cumplen seis días desde que el Gobierno Nacional ejecutó una intervención integral en la ciudad de Manta, centrada inicialmente en la Empresa Pública de Movilidad, que agrupa a la Agencia Municipal de Tránsito. La intervención, iniciada el pasado 10 de julio, fue motivada por señalamientos de que esta entidad habría facilitado operaciones ligadas a economías criminales de grupos delictivos, particularmente la organización conocida como “Los Choneros”.
Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades es que dos personas del círculo cercano de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, estaban enroladas en la institución municipal. Se trata de su hermano, Yandri Macías Villamar, y Cristian Mendoza, uno de sus presuntos custodios.
Ambos figuraban en la nómina de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, lo que ha encendido aún más las alertas sobre posibles infiltraciones de estructuras criminales en entidades públicas.
Desde esa fecha, los servicios de matriculación, revisión técnica y vehicular se mantienen suspendidos por al menos 30 días. Según lo anunciado por el ministro del Interior, John Reimberg, y autoridades policiales, la suspensión permitirá realizar una auditoría interna profunda y limpiar procesos contaminados por posibles actos de corrupción. Por ahora, se prevé que la paralización de estos servicios continúe por 24 días más.
Intervención en territorio
Mientras tanto, la Policía Nacional ha intensificado su presencia en las vías de la ciudad. Uniformados de tránsito han desplegado operativos, charlas de educación vial y socializaciones en puntos clave de Manta como la avenida Malecón, la vía Puerto-Aeropuerto, el redondel del Imperio, la vía Circunvalación y la vía Interbarrial. Así lo informó el mayor William Salazar, jefe del tránsito policial local.
Paralelamente, al interior de la Agencia de Tránsito, continúan las labores de transición administrativa y revisión documental. El ministro Reimberg denunció que parte de la información manejada por la institución estaba en condiciones deficientes y con registros desordenados que propiciaban la corrupción.
La mirada sobre el Registro de la Propiedad
Pero la Agencia de Tránsito no es la única en el centro del escrutinio. En las últimas horas, el Registro de la Propiedad de Manta también fue señalado públicamente por el ministro del Interior. Reimberg denunció que dicha entidad, a través del registrador George Betsabé Moreira Mendoza, autorizó la venta de un inmueble que había sido previamente incautado por el Estado el pasado 2 de junio. El bien pertenecía a Yandri Macías Villamar, hermano de “Fito”. El comprador, según el ministro, estaría vinculado a procesos judiciales por extorsión.
Frente a estos graves señalamientos, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, respondió solicitando de forma urgente un examen especial a la Contraloría General del Estado. “Desde esta Alcaldía miramos y apoyamos la búsqueda de la verdad ante todo”, manifestó en un comunicado oficial.
Valdivieso indicó que el Municipio ha solicitado además a la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) el despliegue de mecanismos de control y acompañamiento permanente en el Registro de la Propiedad. Recalcó que su administración apoya toda acción encaminada a fortalecer la transparencia y la legalidad.
“Estamos y seguiremos colaborando con el Gobierno Nacional, para que se investigue lo que se tenga que investigar. Que se revise todo lo necesario”, declaró la alcaldesa, insistiendo en que este es el momento más cercano a “sanar, recuperar la confianza y la paz que merecemos los mantenses y todos los ecuatorianos”.
En esa misma línea, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, anunció que se realizará una revisión patrimonial exhaustiva a los funcionarios de la Agencia de Tránsito de Manta y también a varios titulares del Registro de la Propiedad en otros cantones de la provincia de Manabí. Esta medida busca determinar si hubo enriquecimiento injustificado u otros indicios de responsabilidad administrativa. Esta acción ya había sido anticipada por el ministro Reimberg el mismo 10 de julio, cuando se dio inicio a la intervención gubernamental en la entidad municipal.
“Reafirmo nuestro compromiso con la verdad y la justicia”, enfatizó Valdivieso, subrayando que su administración seguirá trabajando para garantizar instituciones limpias, firmes y transparentes.
Estas acciones marcan una nueva etapa en Manta, una ciudad clave dentro del mapa estratégico nacional, hoy bajo la lupa por su situación institucional, pero también decidida —según sus autoridades— a recuperar el orden, la confianza y la legalidad.
