La inseguridad es un problema de Estado para la Asamblea

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La inseguridad es un problema de Estado para la Asamblea

Asambleístas como Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, reconocen que, salvo cuando se trataron las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tema no se ha abordado a profundidad.

Según la encuestadora Cedatos, la inseguridad y el consumo y venta de drogas preocupa al 43,4 % de los guayaquileños.

No hay tiempo, pero sí planes. Desde la Asamblea se mira a la inseguridad como un tema aún lejano para incluirse en la agenda legislativa, que ha estado copada por la lucha contra la corrupción y el destape de abusos sexuales en entidades educativas, pero todas las bancadas coinciden en que es un “problema de Estado” que debe ser prioridad para todos los poderes.

Asambleístas como Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, reconocen que, salvo cuando se trataron las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tema no se ha abordado a profundidad. Pero resaltó que hay que hacerlo, pues “es una demanda desde la ciudadanía”.

Vicente Taiano, de su mismo partido, es más directo. “La inseguridad debe ser declarada un problema de Estado y constituir una prioridad para las autoridades competentes”. Sin embargo, esto aún no es una propuesta de su bloque.

Otros partidos sí dicen tener proyectos concretos, pero aún en camino. Roberto Gómez, líder de CREO, apunta a atacar desde el Legislativo la falta de empleo y la inseguridad dinamizando la economía y eliminando impuestos para que generar trabajo y emprender sea cada vez más fácil. Pero lamenta que hoy “la política económica sea contraria a esto”.

Con él coincide Héctor Yépez, de SUMA, quien asegura que la creación de leyes que incentiven la economía o mejoren la calidad de la educación deben ir de la mano de la gestión del Gobierno con respecto a la inseguridad. “En Guayaquil el problema es crítico. No sé si las estadísticas sean reales, pero hay que empezar a tomar al toro por los cuernos. Lamentablemente las propuestas que planteamos quedan en eso si no hay apoyo de todo el pleno”, menciona.

María Mercedes Cuesta, de Fuerza EC, recuerda también que la experiencia internacional dice que el endurecimiento de las penas no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices delincuenciales. Ella lamenta que las medidas tomadas desde la Asamblea en lo que respecta a este tema no hayan sido efectivas. “En junio de 2017 se aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Se habló de que ese Código afianzaría el servicio de seguridad ciudadana en el país, pero como vemos los resultados no han sido los deseados”.

Encarnación Duchi, asambleísta por Pachakutik y miembro de la Comisión de Justicia, cree que el tema debería encaminarse por darles más competencias y presupuestos a los municipios. “Al momento no tenemos una propuesta concreta, pero es indispensable que exista una mayor articulación entre las instituciones. Que nosotros no podamos pedir información directamente a los ministerios también es un obstáculo en la fiscalización”.

Hasta el cierre de esta edición, ni Marcela Aguiñaga, ni Viviana Bonilla, ni José Serrano, ni Verónica Arias, de PAIS, contestaron a este Diario.

El alcalde Jaime Nebot reiteró que la inseguridad es una realidad. Moradores que viven entre rejas, que tienen miedo a tomar un bus o a los crímenes en lugares turísticos lo ratifican.

Nebot alista un proyecto

Tras las publicaciones de este Diario sobre la inseguridad en Guayaquil, que hoy llegan a su cuarta entrega (ver página 10), el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció en su enlace radial que, desde el Municipio, tiene un plan con todos los concejales.

“Vamos a presentar en los próximos días un proyecto para recomendarlo a la Asamblea sin color político. La seguridad es el primer deber del Estado y el primer derecho del ciudadano”, explicó sin profundizar el tema.

Recordó, además, que “la inseguridad no es un sentimiento, es una realidad que se vive en todo el país, pero, cuestionó, ¿cómo puede haber seguridad si no hay política de Estado en lo que respecta a seguridad, con acciones en común con toda la gente que pueda intervenir?”.

Insistió en que hay leyes prodelincuenciales que cambian la prisión preventiva por una visita a un juez... y procedimientos abreviados que liberan al delincuente de forma rápida.