Inredh presenta demanda de inconstitucionalidad contra última ley urgente de Noboa

Cinco días después de su entrada en vigor, la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional como un proyecto económico urgente, registró una acción de inconstitucionalidad, después de que la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó el recurso en la Corte Constitucional este 6 de octubre de 2025.

Según la organización, la norma, supuestamente, “pone en riesgo la sostenibilidad financiera e institucional del IESS y el BIESS, lo que representa un retroceso de derechos que amenazan con el presente y futuro del sistema de seguridad social ecuatoriano”.

La fundación cuestionó la norma porque considera que la venta de la cartera vencida “compromete el patrimonio del sistema y los fondos de los jubilados y afiliados”. 

Además, aseguró que se afecta la participación ciudadana al facultar a que el Ejecutivo designe directamente al vocal del Consejo Directivo sin consultar al Parlamento. Por ello, la organización pidió que la Corte Constitucional reconozca que la última normativa del Gobierno “vulnera los derechos” de los asegurados.

Alertan sobre riesgo para los créditos de los afiliados

El Frente de Defensa del IESS también cuestiona la transferencia de esas deudas en la ley. Por ello anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad. 

De acuerdo con su presidente, José Ortiz, dicha ley perjudicaría a los afiliados y pensionistas porque existe una “privatización de la cartera vencida” que causaría un perjuicio al limitar el monto que los asegurados podrían recibir por préstamos hipotecarios y quirografarios. 

“No es una cartera mala, es recuperable y tiene garantías,” como bienes y los fondos de cesantía o de reserva, explicó Ortiz.

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