Ana es de baja estatura. Siempre amarra sus cabellos para que no se le suelten y ajusta muy bien el cinto de su falda. Acaba de llegar hasta el área de ingreso de una urbanización en la vía Durán-Boliche. Se planta ahí para volver a hablar de un tema por el que hace ocho años inició una lucha férrea: su casa.

“¡Mi casa, sí señor! Dicen que iba a estar allá adentro, pero nunca entregaron ni llaves ni casa y ahora hasta andan desaparecidos”. Se refiere a la urbanización Andalucía y a sus promotores, la empresa Promaga Ecuador.

¿Quién es Ana? Asegura que tiene 41 años, que tiene dos hijos y que hasta abril de 2020 tenía marido. “No era esposo, no hay para qué mentir. Unidos no más, pero era un buen hombre y murió por esa maldita enfermedad llamada COVID”. Se llama Ana Guairacaja Moyolema, apenas una de las 746 personas que tienen denunciada a la inmobiliaria de propiedad del empresario español Manuel Gavira Gómez.

El suyo es el nombre más visible de un caso que inició en 2016 con la investigación que ejecutó la Defensoría del Pueblo (DPE) y la Cancillería de Ecuador, para recoger las quejas de ecuatorianos residentes en 14 países de Europa y América del Norte contra esta empresa que prometió entregar casas y que no cumplió o cumplió a medias, y cuyos testimonios aparecen en un proceso de estafa masiva en un juzgado de Durán.

“Yo les entregué 16.150 dólares, ni un centavo más ni uno menos. No hay por qué decir que di más. Pero es mi dinerito y me costó reunirlo”.

En 2014 se inició la investigación de la DPE, que luego, en septiembre de 2016, entregó a la Fiscalía del Ecuador.

Un proceso que reúne 526 cuerpos y que actualmente reposa en un juzgado en Durán, a la espera de una audiencia de formulación de cargos que se ha ido postergando desde mayo de este año.

A Ana le cuesta hablar, pero cuando lo hace no titubea. Asegura que no desistirá hasta que le devuelvan su dinero. Son, como lo dijo, 16.150 dólares, una cifra que no se junta fácilmente, menos para una mujer como Ana, quien desde hace 22 años vende jugos de naranja en una calle aledaña a la avenida de las Américas, en los alrededores del Centro de Convenciones. Así se gana la vida, así mantiene a sus dos hijos y así sigue aspirando a tener vivienda propia. “Si quieren entregar casa, que la entreguen, pero yo no quiero promesas. Ya no les creo, entonces que devuelvan el dinero”.

Desde que presentó su queja en la Defensoría del Pueblo en 2014, nunca ha perdido la fuerza para pelear. “En un momento pensé que la gente de la Defensoría ya no quería seguir en el caso. Yo presenté a la Fiscalía una denuncia particular. Luego, cuando mandaron el caso a Quito, yo mandé a mi abogado para allá”.

Ana reside en Durán, donde alquila un departamento. Ella dice que siempre aspiró a tener casa propia. La primera vez se le ocurrió luego de llegar de Guamote, de 14 años. Había perdido a su madre y trabajó de doméstica en Guayaquil. No duró ni un año y se botó, porque dice que ahí le “hicieron maltrato psicológico” y quedó en la calle. No aguantó, pero no porque le faltara coraje, sino porque no tenían derecho de maltratarla, “solo porque era una niña huérfana de madre”.

Se dedicó entonces a vender maduros asados o jugos de naranja por el sector de la bahía. Hasta que conoció a quien fue el padre de sus dos hijos, hoy aún menores de edad. Entonces, con ayuda de él, instaló su puesto en la avenida de las Américas.

Como nunca declinó en su deseo de la casa propia, se deslumbró cuando en 2012 llegaron los representantes de una inmobiliaria por el sector donde vive en Durán a ofrecer casas en una ciudadela nueva que iba a “tener muchas cosas bonitas”. Revisó cuánto podía reunir de su negocio y el de su pareja y lo sumó al dinero que obtuvo de la venta de un terreno que heredó de su madre, en su pueblo. De un lado sacó 7.000 dólares y del otro 8.000. “Lo reuní todo y lo deposité. Que en un año ya me iban a entregar las llaves. Nunca he visto llaves, peor la casa”.

En esta pelea legal de los 746 perjudicados por Promaga, muchas denuncias particulares quedaron en el camino: archivadas o sumadas a la acción presentada por la Fiscalía en 2016. Sin embargo, Ana ha preferido mantener su denuncia de forma paralela.

Cuando en agosto pasado el juez Manuel Yuquilema se planteó una acción de inhibición, ella reaccionó de inmediato. “Yo mandé a mi abogado a decirles en Quito que yo nunca me fui del país, y que la estafa me la hicieron aquí”, alega Ana, quien a veces cede al enojo, tras dejarse llevar por sus emociones.

Sin embargo, ni siquiera en esos momentos pierde su norte. “Yo iré hasta la última causa, y no permitiré que esta gente se quede con mi dinero, que me costó juntar”.

“Esto no va a quedar en la impunidad”

Yanina Villagómez, fiscal del Guayas, se pronunció en torno al caso Promaga. Alega que “tanto el juez como la fiscal de Durán tienen que dar una respuesta a la ciudadanía”. El caso está pendiente de la audiencia de presentación de cargos contra nueve acusados. “No vamos a permitir que esto quede en la impunidad. A la compañera fiscal se le ha exigido que cumpla con su rol”.