La Fiscalía de Durán acaba de formular un nuevo pedido de audiencia para la formulación de cargos contras nueve personas relacionadas con la empresa Promaga Ecuador, sobre la que pesa una denuncia por estafa a 746 ciudadanos a los que prometió casa en una urbanización ubicada en la vía Durán-Boliche, lo que tras más de 10 años aún no cumple.

La causa pasó por la oficina de sorteo en enero de este año y se delegó la competencia al juez Manuel Yuquilema, quien a poco de avocar conocimiento, presentó un pedido de inhibición.

¿La razón? Un asunto de territorialidad. Según lo sustentó por escrito el juez, “la presunta infracción penal investigada se inició y consumó en el exterior”. Sin embargo, casi un mes después (10 de septiembre), la Función Judicial le respondió, también por escrito, que la adquisición del inmueble se había concretado en “la urbanización Andalucía, ubicada en el kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche”, donde “están viviendo actualmente” los denunciantes, razón por la cual se determina “que no hay motivo para inhibirse de conocer la causa”.

Tras esto, se devolvió la denuncia, compuesta por 25 cajas, al juez Yuquilema, para que “prosiga con la tramitación de la causa”. Algo que precisamente hasta ahora no se ha dado, aclara Pavlov Rodríguez, uno de los abogados que representan a 64 denunciantes.

Las quejas contra Promaga, una inmobiliaria con sede en España, fueron recogidas por la Defensoría del Pueblo y la Cancillería del Ecuador de 14 países donde residen en su mayor parte los ecuatorianos que adquirieron casas desde 2008, año en que arrancó la promoción y venta del proyecto denominado La Nueva Gran Ciudad.

EXPRESO solicitó hablar con el juez Manuel Yuquilema, en su despacho de la Unidad Judicial Penal, pero por intermedio de su asistente contestó que no era posible.

“Es lamentable seguir esperando que esto se resuelva. Primero fue en la Fiscalía, ahora con un juez”, se quejó Ana Guairacajas Moyolema, el nombre visible en la denuncia presentada ante este juzgado.

Desde el 21 de septiembre de 2016, cuando la Defensoría del Pueblo presentó la denuncia ante la Fiscalía, pasaron 811 días. Casi cuatro años se tomó la Fiscalía en Durán en investigar las denuncias.

Gilda García, quien reside en Nueva Jersey (Estados Unidos) y es una de las perjudicadas por Promaga, se queja de “las largas que se le ha dado a esta demanda”, y alega que “el Estado ecuatoriano no vela por los derechos de sus ciudadanos. Nosotros hemos salido del país por trabajar y ahora que invertimos para el regreso, nos estafan”.

Los ítems de una denuncia

• En cuatro años

Desde el momento en el que la Defensoría del Pueblo presentó ante la Función Judicial su resolución defensorial, el 21 de septiembre de 2016, se ejecutaron 1.591 diligencias. La información recogida implica denuncias originadas en España (en mayor número, 399), en Italia (136) y en Ecuador (109).

• En 44 cuentas

En 2008 comenzó Promaga a promocionar su programa de viviendas en Durán. La venta se ejecutó en 15 países, incluido Ecuador, por lo que fue necesario abrir 44 cuentas bancarias para cobrar los pagos, repartidas en 21 bancos: 5 en Ecuador y 16 en España, Italia, Alemania y Estados Unidos.

• Tipo de casas

El programa, según sus promotores, proyectaba la construcción de 6.000 edificaciones. Sin embargo, según las denuncias recogidas, 746 no han sido entregadas. De estas, 719 son tipo vivienda, 18 son locales comerciales, mientras que nueve son casas que incluían locales comerciales.