En acuerdo con el mandato constitucional que establece las atribuciones y deberes de la presidenta o el presidente de la República, el primer mandatario debe presentar en su posesión ante la Asamblea Nacional, los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. También debe presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación.

Ahora, dos años después, cuando ya está absolutamente claro que la mesa no estaba servida, que la corrupción era más grande que la que señalaban los medios de comunicación colectiva y los escasos y timoratos partidos de oposición, y hasta se conoce la magnitud de la deuda externa, resulta obligatorio revisarlo todo a la luz de la nueva información que hoy se posee.

Así, cuando mañana el presidente presente el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar desde mayo 2019 a mayo 2020, lo propuesto hace dos años debe estar profundamente modificado en función de los hechos y cifras con que ahora cuenta el gobierno. El informe de mañana no puede ser simplemente un ritual constitucional más. Debe ser asumido como un acto serio, destinado a enfrentar una grave crisis nacional.