Al menos tres corazones ‘revolucionarios’ se conjugaron con los silentes funcionarios del Gobierno para allanar el habeas corpus que favoreció al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

A la cabeza está la ciudadana Nicole Malave Illescas, que es la solicitante de ese recurso. En sus redes sociales se presenta como una militante de la Revolución Ciudadana, admiradora del expresidente Rafael Correa y activista por la libertad de Glas.

De los cuatro médicos que dieron su testimonio pintando un panorama desolador para Glas, destaca el del psiquiatra Fernando Cornejo, que fue funcionario en varios cargos del correísmo desde 2011 hasta 2016, que fue gerente técnico de la Empresa Pública Yachay. Públicamente se pronuncia en contra del actual y el anterior Gobierno, a la vez que coincide con los simpatizantes del correísmo.

La pieza clave y decisiva fue el juez Diego Moscoso, que en 2016 empezó su paso por la vida pública como asesor de la asambleísta Liliana Guzmán, de lo que en ese entonces era Alianza PAIS, todavía bajo el dominio de Correa y Glas.

Un año más tarde fue subsecretario de Rehabilitación Social y desde entonces no se ha alejado de la función pública, hasta que llegó a ser juez en Manglaralto, provincia de Santa Elena.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, reconoció ayer que los informes sobre la salud de Glas fueron elaborados por médicos particulares y que luego fueron validados por profesionales del Ministerio de Salud.

Lo dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde además afirmó que la seguridad de Glas no estaba en riesgo en la cárcel de Cotopaxi, pese a lo cual el SNAI no objetó este señalamiento durante la audiencia de habeas corpus.

También fue llamado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que volvió a negar un pacto con el correísmo a cambio de la liberación de Glas y calificó como “irregular” el procedimiento con el cual se otorgó el pedido.

Jiménez dijo que el Estado mantiene un monitoreo constante de la ubicación de Glas y que se ha reforzado su escolta. “Si sabemos que esta es una persona que genera, donde quiera que esté en el Ecuador, una contingencia para el Estado y la paz social, es nuestra obligación tomar todas las medidas para disminuir riesgos”, dijo Jiménez en referencia a la posibilidad de fuga del exvicepresidente.