Inercia frente a la corrupcion

día a día se incrementa el calibre de las expresiones populares respecto a la situación política por la que atraviesa el Ecuador. Algunas son irreproducibles. Las genera una indignación que aumenta conforme crece la sensación de que todo terminará en una increíble y vergonsoza impunidad.

Cotidianamente también, se tiene más claro que sería equivocado determinar la responsabilidad mayor de lo ocurrido en un determinado ciudadano.

Lo que le ocurre a la República es el resultado del trabajo sistemático de una alianza para delinquir que, con innegable habilidad, logró tomar por asalto la maltrecha institucionalidad nacional, aprovechando su debilitada condición ética, para ponerla al servicio de una asociación a la que se puede calificar de mafiosa, dada su estructura, sus procedimientos y sus fines.

Muestra clara de ello es lo sucedido, para tomar solo dos ejemplos, con los tristemente célebres casos de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas o la construcción de la refinería del Pacífico.

En otro tiempo, sus autores, cómplices y encubridores hubiesen sido declarados traidores a la patria. Ahora únicamente algunos de los actores de tercera categoría del drama que se escenifica ante el estupor ecuatoriano, están en la cárcel. El actor protagónico se fue despedido con honores y todavía se atreve a dictar lecciones de comportamiento.

Mientras tanto, otros miembros del grupo, pese a todo género de indicios que los determinan como sospechosos de diversos actos de corrupción, reciben una escandalosa defensa corporativa que impide que las acusaciones se confirmen o se desvirtuen, al tiempo que nuevos hallazgos permiten ratificar la incriminación.

Simultáneamente, se amenaza al contralor interino por su propósito de realizar una auditoría de la voluminosa deuda externa contraída durante el gobierno anterior y se desdeña la advertencia del ministro de Hidrocarburos y la del propio presidente de la República, respecto de la capacidad funcional de la refinería de Esmeraldas, que deberá parar sus actividades por 45 días, con gran impacto económico. Una comisión de legisladores viajará a verificar el “supuesto estado crítico” de dicha vital instalación. Para más bochorno, comienza a tomar ribetes de telenovela el manejo de la cooperación eficaz ofertada por uno de los prófugos.