En análisis. Desde el martes pasado, el Ejecutivo tiene 30 días para observar o vetar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La industria rechaza una politica de precios

El sector pide al Ejecutivo vetar la penalidad por el no pago del valor oficial. El sistema, dice, agrava la falta de competitividad.

Mediante una videoconferencia, los gremios empresariales de Quito y Guayaquil conectaron ayer sus posturas para rechazar al unísono la posible penalización por el no pago del precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, leche cruda o cualquier otro producto agrícola o pecuario.

No es que en el mercado no se cumpla con esta disposición, dijeron. El problema es que con esta aprobación se estaría fortaleciendo un sistema que para ellos debe empezar a ser desmontado, pues la imposición de precios mínimos (revisados al alza año a año por los gobiernos) es una de las causas de la grave falta de competitividad que tienen.

“No podemos dejar pasar leyes que persiguen el emprendimiento y la libertad empresarial”, dijo Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), en relación al artículo 74 de la reforma al Código Penal que propone sanciones por el incumplimiento del pago, y que fue aprobada el martes pasado por la Asamblea Nacional.

Esta política de precios, concuerda Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), no ha generado resultados favorables para la economía del país. Todo lo contrario, “ha hecho que Ecuador tenga los productos más caros de toda la región”, aseguró.

Desde sectores productivos, como el maicero, observan con rechazo la propuesta de eliminar los precios de sustentación. Para ellos, es la vía que les permite llegar a recuperar la inversión que destinan a sus cultivos. El sector empresarial admite este problema, y por ello se exhorta al gobierno a bajar los costos que encarecen la producción y a ejecutar una política que favorezca el mejoramiento de su productividad.

Esto último, dice Jorge Josse, director de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), es apremiante, si se toma en cuenta que el país está en la ruta de firmar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos o la Alianza del Pacífico. Para competir, dice Josse, será necesario hacer que nuestros productos sean más atractivos.

Así también lo cree Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Arroceros del Ecuador (Corpcom). “No podemos permitir que nuestros productores sigan en zona de confort, manteniendo niveles de productividad bajos por los cuales reciben un precio alto. Tenemos que corregir eso. En Ecuador se consigue un promedio de 5 toneladas por hectárea, versus Perú, que logra de 9 a 10 toneladas por hectárea. Entonces algo estamos haciendo mal”, manifestó.

El sector mide el impacto

Expectativa por suero lácteo

El sector empresarial espera que el Ejecutivo también se pronuncie en contra de las sanciones que se impondrían para quien comercialice suero de leche líquido. El impacto, dicen, aún lo desconocen, pero de aprobarse las sanciones dentro del Código, podrían generar un sinnúmero de pérdidas. El sector sospecha que con esta medida se estaría buscando beneficiar a una sola empresa, que hoy tendría la suficiente capacidad para transformar el suero lácteo en polvo (venta permitida). La oferta en el mercado para lograr su procesamiento es algo que hasta ahora ha sido difícil de verificar.

La medida, dicen los industriales, es incoherente porque a pesar de que las industrias compren suero en polvo, estas deberán volverlo líquido dentro de sus procesos productivos.

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