Joe Arpaio, antiguo “sheriff” del condado de Maricopa en Arizona, acusado de desacato por no cumplir la orden de un tribunal federal estadounidense de terminar con el perfilado racial y la detención arbitraria de hispanos con el pretexto de atrapar a inmigrantes ilegales, no es ajeno a la controversia. Pero lo que hoy se debate acaloradamente es el indulto que acaba de concederle el presidente Donald Trump, ya que plantea dudas fundamentales en relación con esta prerrogativa presidencial, un elemento de la política estadounidense desde la fundación del país. En las monarquías ocurre a veces que los reyes tengan poder ilimitado de perdonar los delitos de los ciudadanos. En la Constitución estadounidense (artículo II, sección 2), los padres fundadores otorgaron un poder similar al presidente, pero con dos importantes salvedades. Una deriva de la separación de poderes: no puede usarse en caso de juicio político, que es prerrogativa del Congreso. La otra deriva del federalismo: solo puede usarse para delitos “contra los Estados Unidos” o delitos federales, no contra aquellos que son exclusivamente del ámbito de alguno de los cincuenta estados. La concesión del poder de indulto refleja el temor de los redactores de la Constitución estadounidense a una aplicación draconiana del código penal que diera lugar a excesos punitivos. En la campaña presidencial de Trump, Arpaio fue una de las caras más visibles del debate sobre la inmigración, y dio apoyo explícito a las promesas más extremas del candidato, incluida la construcción de un muro en la frontera con México. En este contexto, el indulto de Trump a Arpaio parece puro oportunismo político. No ha sido, sin duda, un acto moral de clemencia. Los redactores de la Constitución estadounidense imaginaron otra función clave para la prerrogativa de indulto: ayudar al cierre de conflictos y la reconciliación con los enemigos políticos. En palabras de Alexander Hamilton: “hay momentos críticos, en que un ofrecimiento oportuno de indulto a los insurgentes o rebeldes puede restablecer la tranquilidad en el país”. En 1863, a fin de facilitar la reconciliación del país después de la Guerra Civil, Abraham Lincoln decretó la amnistía total de los confederados (con la excepción de sus líderes, y con sujeción al interés público). Incluso el indulto que en 1974 Gerald Ford concedió a Richard Nixon (que había renunciado a la presidencia por el escándalo del Watergate) se presentó como necesario para la sanación nacional. Esta reseña de indultos del pasado hace más patente la perversidad de su aplicación en el caso Arpaio y de su único y reaccionario propósito: denigrar y, en la medida de lo posible, revertir los logros de Obama y, de hecho, sus valores. En manos de Trump, un poder constitucional pensado para aliviar la “necesaria dureza” de la justicia penal se usó para convalidar crueldades cometidas por un funcionario policial. El indulto de Arpaio no fue sometido a revisión previa del Departamento de Justicia estadounidense (como era tradición). De hecho, este organismo se apresuró a distanciarse de la decisión, lo que resalta la facilidad con que Trump puede usar (o no usar) la prerrogativa de indulto al servicio de sus propios y numerosos fines. Habrá un problema serio si intenta usarla para proteger a su familia, hipótesis nada disparatada dadas las investigaciones en curso del FBI en relación con los tratos de su círculo íntimo con Rusia. Esto se toparía con un posible cuestionamiento legal basado en la cláusula de juicio político u otros límites constitucionales. La prerrogativa de indulto es un arma cargada en manos de un líder narcisista, inestable y vengativo.