La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en el primer contrato adjudicado por el Servicio de Contratación de Obras, Secob, a la empresa TIPPMANN S.A. por un valor de 15,7 millones de dólares para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, una obra heredada del terremoto del 2016.

El contralor Pablo Celi aprobó el documento por el contrato para la construcción de esa casa de salud de 30 camas en Manabí y lo remitió para que la Fiscalía siga con las investigaciones por la posible falta de diligencia en la administración de los recursos públicos. El Ministerio Público ya investiga una posible red de corrupción que estaría relacionada con esa construcción.

"Esa es una obra donde han existido muchísimas irregularidades, esto ha obligado que la Contraloría efectúe dos exámenes especiales. El primero de ellos está en un proceso absolutamente avanzado y ha concluido en un indicio de responsabilidad penal que fue enviado a la Fiscalía el día de ayer", dijo Celi este 18 de mayo.

El segundo informe que elabora el ente de control está relacionado al proceso de construcción actual que es investigado por la Fiscalía y por el que fue procesado Jean Carlos Benavides, uno de los asesores del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, y José Véliz Saltos, parte del Consorcio Pedernales Manabí que está a cargo de la realización de la obra.

Sin embargo, la construcción del hospital sigue en marcha, según informó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el pasado 15 de mayo.

Según los auditores, en el primer contrato se pidió el pago del anticipo de la obra, a pesar que los funcionarios a cargo de la revisión de los documentos no verificaron la validez legal de las garantías de buen uso de anticipo y de fiel cumplimiento del contrato, dadas por la cooperativa de Ahorro y Crédito 'La pequeña empresa de Pastaza'.

La entidad certificó a los auditores de Contraloría que la contratista que recibió la adjudicación no era su cliente, tampoco adquirió ninguno de sus productos. Además señaló que dos garantías de fiel cumplimiento por más de 8.5 millones (789.008,34 y 7'890.083,39 de dólares), otorgadas a favor del Secob, no fueron suscritas por la cooperativa.

Según los datos recopilados por la Contraloría, en septiembre del año pasado la administradora del contrato ya había comunicado ese hecho a las autoridades del Secob y sugirió que se deje sin efecto la solicitud de la transferencia de recursos, para precautelar los intereses del Estado.

Pero, contrariamente a lo que establece la ley, el exdirector general habría dispuesto que se conceda cinco días para que el representante de la firma entregue las garantías, permitiendo que se mantenga suscrito un contrato sin que los recursos a desembolsar estén garantizados. Finalmente el Secob dio marcha atrás e inició un nuevo proceso que fue adjudicado el diciembre del 2019.

Celi precisó que el segundo examen ya está en una fase de elaboración de conclusiones finales y que informará de sus resultados en los próximos días.