De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional, en Ecuador se han registrado entre el 1 de enero y 9 de junio de 2022, un total de 1.754 muertes violentas. Sin embargo, casi todos los crímenes cometidos quedan en la impunidad.

Las cifras lo demuestran: En el mismo período existen apenas 284 causas resueltas por los delitos de sicariato y homicidio en el país. De ese número, apenas 6 son por sicariato, el restante es por homicidio, es decir, 278.

“Por lo general, de ese número es apenas el 20 % lo correspondiente al año actual, el resto arrastra procesos de años anteriores”, expresa el experto penalista Julio César Cueva.

Sin embargo, otra muestra de que las casi 2.000 muertes se acumulan en el territorio nacional sin que se determine los culpables es que existe una ínfima cantidad de causas ingresadas; en lo que va del año hay 249.

“Quienes denuncian por lo general siempre son familiares. Y los mismos sicarios se encargan de hacerle conocer que si se mueven o denuncian algo los van a matar. Súmele a eso, que a ellos también se les hace inteligencia y conocen cuáles son sus hábitos”.

En relación a 2021, en todo el país se ingresaron 854 causas por sicariato y homicidios y    862 causas han sido resueltas.

La zona 8, compuesta por Guayaquil, Durán y Samborondón, es el territorio con mayor muertes violentas en el país, hasta el 9 de abril tenía un total de 613 víctimas. Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura usó su cuenta de Twitter con el fin de hacer un llamado a los jueces para que sus “nobles y delicadas funciones” sirvan para “fortalecer la paz social”.

Cueva enfatiza que otro factor por el cual no se denuncia es porque además de no creer en el sistema judicial no hay garantías de una verdadera protección de víctimas.

“Hay 119 policías para 1.200 personas que necesitan ser cuidadas en el sistema de protección de víctimas, lo dijo la fiscal Diana Salazar ante la Asamblea Nacional, entonces ni siquiera hay custodia verdadera para que vayan a declarar”.

Por su parte, Nelson Yépez, analista en procesos de protección y guardianía, enfatiza que la guerra entre las bandas provoca un escenario complicado para la justicia.

“El número actual de la policía no va a abastecer para investigar cada una de estas muertes y al ritmo que van es mucho peor. Lo que se puede hacer es un perfilamiento de las posibles víctimas por acciones de inteligencia”.

Yépez lamenta que mientras no se acabe la disputa de poder,  las muertes seguirán aumentando y esto influirá en el miedo colectivo a denunciar y exigir justicia. Sin contar que en muchos casos, los fallecidos y sus familiares tienen alguna relación con negocios ilícitos, apuntó.

Datos

• Inteligencia

Las organizaciones delictivas cuentan con su propio equipo de seguimiento tras la muerte de un ciudadano. Ellos se encargan de saber si se denuncia el hecho.

• Depuración

Los expertos consultados    señalan que mientras no exista un sistema verdadero de protección en seguridad y judicial, el temor a las represalias permanecerá.

• Claridad

Es importante la transparencia en las cifras para definir estrategias y solución de problemas. Se recomienda incluir datos judiciales para también trabajar en esa área.