Impuestos por terremoto

Tras el “shock” inicial provocado por el devastador terremoto del 16-04-16, viene la reincorporación a la vida cotidiana. La memoria colectiva no olvidará la extraordinaria solidaridad demostrada por los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, que contribuyeron a reanimar y calmar la sed, el hambre y la desesperación en momentos de angustia; hechos que no podrán ser borrados con palabras. Nos queda claro también que no estuvimos preparados para esta emergencia, ni en prevención de riesgos ni en lo presupuestario. La caja fiscal estaba vacía, lo que revela que no existió por parte del Gobierno nacional un manejo austero de recursos públicos que le hubiese permitido contar con alguna reserva, algo injustificable si consideramos que contó con caudalosos ingresos por los altos precios del petróleo y un elevado aumento en la recaudación tributaria. Es elemental: solo a través del ahorro e inversión de capitales de riesgo es posible generar más riqueza y aspirar a mayores niveles de bienestar social. Los agresivos gasto y endeudamiento público no contribuyen a mejorar la calidad de vida de un país, que ha sido la política escogida por el actual régimen. Esa falta de previsión lo llevó a optar por un incremento del IVA y a imponer contribuciones para enfrentar los daños causados por el terremoto, lo que significa que los catorce millones de ecuatorianos (con un impacto atenuado en Manabí y parcialmente en Esmeraldas) asumirán el pago de la reconstrucción. El Gobierno se reserva administrar estos nuevos recursos y -de acuerdo a su criterio- designó una comisión, cuando por sensibilidad debió crearse una comisión especial coordinada por la respectiva municipalidad del cantón donde se ejecutarán las obras, con un papel protagónico para los sectores productivos y comerciales directamente perjudicados, interesados en reanudar sus actividades. Pero el Gobierno no se limitó a crear tributos; aprovechó para decir a los gobiernos seccionales que una nueva superintendencia controlará el buen uso del suelo y los sancionará cuando -a su juicio- se equivoquen en alguna decisión relacionada con este aspecto.

Queda la esperanza de que la ayuda internacional, que superaría los $ 1.000 millones, sea exclusivamente utilizada en las zonas afectadas, y saber que la cooperación y apoyo logístico internacionales fueron impecables, oportunos y humanamente solidarios.

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