Actualidad

Impuestos para los ricos

La enorme brecha entre ricos y pobres, al poner en evidencia la incontrastable desigualdad social en que se desenvuelve la vida en la comunidad regida por un modelo de economía neoliberal, basado en libre mercado y libre empresa, detonó con fuerza inusitada en Chile. En el país que ayer no más pasaba en Latinoamérica como modelo y ejemplo de desarrollo y progreso, va ya para una semana la violencia desatada entre numerosas manifestaciones populares que vienen dándose en Santiago y Valparaíso, con ataques a la propiedad pública y represión policial con bombas lacrimógenas, y especialmente con sus cañones de agua y camiones cisterna, cuyo contacto y efectividad no han podido disolver a los manifestantes que tardan poco en reagruparse y causar destrozos. Desde luego, al presidente Piñera y a la Policía y Fuerzas Armadas, que han tenido que emplearse en la fuerte represión, no se les ocurre, como a nuestro presidente Lenín Moreno, culpar del descontento popular por su gobierno a ningún opositor político. Pero el modelito chileno de gobierno no era tal; un iceberg gigantesco estaba bajo su fondo. Desgraciadamente, en nuestro país, la traición y la hipocresía entraron al mercado político con Moreno y es la realidad que parece tendremos que afrontar hasta que termine su mandato. Resulta curioso, con todo, que haya tenido que venir de Trump y de Estados Unidos, la estrella del capitalismo, la idea y proyecto de crear uno o más impuestos solo para ricos, con el propósito de disminuir la brecha entre ricos y pobres, idea que estaba clara en los dos impuestos del expresidente Correa que Moreno hizo derogar: el Impuesto Verde y el de las Herencias y Donaciones, para que ahora Moreno, tratando de emular a Trump, haya recogido y enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria elaborado por el ministro de Finanzas Richard Martínez, con el que se generarían 170 millones anuales durante tres años. Sin embargo, no hay que olvidar los nuevos bonos por $ 2.000 millones emitidos por el Gobierno, que deberán ser pagados a dos plazos, $ 600 millones que vencen en 2025 y $ 1.400 millones en 2030, con lo cual los próximos presidentes del Ecuador no recibirán, de ningún modo, la mesa servida.