La “protección a la industria local”, el primer escudo de batalla que el Gobierno de turno empleó en el 2007 para diseñar una política de restricción al producto extranjero, no ha arrojado buenos resultados. Todo lo contrario. Este sector en lugar de despegar, tuvo retrocesos. Solo en la época de las salvaguardias que se desmontaron en junio de este año- la medida más drástica de las nueve que en el último lustro el comercio ha tenido que enfrentar- hizo que su PIB manufacturero cayera del 5 % a un 3 % y que sus inversiones se disminuyeran en $ 5.132 millones, por la compra de materias primas, maquinaria y nuevas tecnologías.

Los industriales dicen que lo que han vivido es un efecto contraproducente, originado por medidas, que si bien en el camino se han ido justificando, han tenido como objetivo final equilibrar la balanza comercial, cerrando las puertas a la importación de bienes y servicios. Un hecho que, según explica Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), les ha generado efectos negativos en doble vía: Por un lado la dificultad de acceder a insumos importados que requieren para producir y exportar más, y por otro sentir el efecto dominó de un comercio deprimido. “Lo que desconocen las autoridades económicas es que estamos entrelazados: ¿si cae el comercio, quién le compra a la industria? Es así cómo hemos entrado a este círculo de recesión”.

Costa, en representación de su gremio, ha decidido sumarse al rechazo que encabeza el sector comercial por el anuncio de nuevas restricciones: el incremento de aranceles y la gravación de una tasa aduanera de $ 0,10 a los productos foráneos que, esta vez, según las autoridades, se justifica por la necesidad de contrarrestar el contrabando.

Una tasa de la que se quejan los ensambladores de vehículos, debido a que también grava al CKD (partes y piezas) que se requiere para fabricar carros localmente. En algunos casos, dice David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), esa tasa llega a costar más para los CKD que para los productos terminados que vienen de afuera. “La Aduana fijó para las partes de un vehículo 4x4 una unidad de control de 500 gramos, mientras que para un importado es de 5.000. Eso haría que el importado pague alrededor de 38 dólares, mientras que el nacional 243 dólares. Claramente desestimula la producción”, dijo.

Medidas como esta, sostiene, les impide recuperar la participación del 45 % que tenían en el mercado, antes de que en el 2015 se aplicaran las salvaguardias. A septiembre de este año, ese porcentaje estaba en el 35 %, frente al carro importado (65 %). “Ha sido una supuesta protección a la industria local que no ha estado acompañada de políticas integrales que permitan un real desarrollo. Esto porque en el fondo son medidas recaudatorias”, dijo.

Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, añade también la desesperación que ha tenido el Gobierno por cuidar el equilibrio de la balanza comercial, en épocas de recesión en la que se busca evitar la salida de más dólares, vía importación. En el corto plazo el Gobierno ha cumplido con su objetivo. Según el Banco Central, de enero a septiembre de este año, las importaciones sumaron $ 13.787 millones, $ 5.617 millones menos que en el 2014, previo a las salvaguardias. No obstante, dice Yumibanda, es un logro que se ha dado a costa de reducir la actividad económica en el país. A través de una menor oferta y el encarecimiento de productos importados, que han provocado una reducción del consumo de las familias, de la inversión privada, del nivel de producción y el crecimiento del empleo.

Nueve restricciones en cinco años

Las restricciones han sido tan diversas, como diversas han sido sus justificaciones. Fue una política que surgió con la llegada del gobierno de Rafael Correa y su ideología de promover un cambio de matriz productiva. En el 2007 se empezó por bajar los aranceles a la importación de materias primas para beneficiar a la industria, pero el contexto económico obligó a las autoridades a revertir más adelante esa política. Incluyendo entre las excusas la necesidad de proteger a la producción local se emitió en el 2013 la resolución 116, que impuso un control al ingreso al país de 292 partidas. Una medida que se endureció en el 2012 con los cupos a los carros importados, pero también gravó a los CKD (partes y piezas) que requiere la industria de ensamblaje.

La caída del precio del petróleo y el posterior fortalecimiento del dólar impulsaron nuevas medidas en el 2014, como los reglamentos técnicos de calidad, para un año después establecer las salvaguardias. Este año, las medidas restrictivas continuaron con la decisión de Correos del Ecuador de gravar sus importaciones y la orden del Comex, de declarar con Duda de Origen a productos importados de Colombia y Brasil. Recientemente empezó a regir la nueva tasa aduanera y en camino está el alza de aranceles. Esto último, con el fin de “contrarrestar el contrabando”.