Más voces a favor y en contra se hacen escuchar sobre la resolución de la Corte Constitucional, que el miércoles resolvió dar paso al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, tras resolver dos demandas planteadas por parejas que pretendieron casarse, pero no lograron hacerlo. Fue entonces cuando iniciaron su lucha en el campo judicial, que finalmente les dio la razón.

Entre los que rechazan la resolución constitucional está la iglesia católica. A través de una rueda de prensa, el máximo representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Eugenio Arellano, dijo que el pronunciamiento de la Corte “vulnera gravemente la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional”.

Arellano asegura que dos de los nueve jueces que votaron estaban impedidos de pronunciarse sobre el asunto porque han sido abogados en estas causas. El prelado expresó así su apoyo a los cuatro jueces que votaron en contra de la resolución porque cree que la vía que ellos propusieron es la correcta: que la luz verde al matrimonio igualitario debe hacerse mediante una reforma constitucional, a través de la Asamblea Nacional. Otros, en cambio, plantean la vía de la consulta popular.

Los diversos grupos de LGBTI, a través de las redes sociales, han expresado su respaldo a la decisión de los jueces, por considerar que finalmente ha triunfado la libertad. Ha habido concentraciones de celebración en Quito y Guayaquil.

Aunque hasta esta hora, 13:00 del jueves 13 de junio, todavía no ha sido notificada la resolución y por tanto no se han presentado pedidos de ampliación y aclaración a la resolución.

El constitucionalista Gustavo Medina precisa que el pronunciamiento constitucional es inapelable y, además es de obligatorio cumplimiento. “Las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas”, asegura.